Renzi aprueba una reducción de impuestos de 18.000 millones para el 2015

Roma, 15 oct.- El Gobierno italiano de Matteo Renzi aprobó hoy una drástica reducción de impuestos de 18.000 millones de euros inserto en los Presupuestos Generales para el 2015, con los que pretende animar el consumo interno de un país declarado en recesión.

El documento fue presentado por el propio primer ministro socialdemócrata en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en los que fueron aprobadas las cuentas y acompañado por su ministro de Economía, el técnico Pier Carlo Padoan.

Se trata de un paquete de medidas destinadas a impulsar el empleo y reactivar la economía de un país que no crece desde el año 2011, según anunció este miércoles el Instituto italiano de Estadística.

En este contexto, Renzi, que se encuentra metido de lleno en su anunciado proceso reformista, ha diseñado un rompecabezas de medidas destinadas a cubrir el monto que el Estado dejará de percibir en 2015 a causa de la bajada de impuestos y a otros gastos, valorado en total en 36.000 millones de euros.

De esos 18.000 millones, un total de 9.500 millones corresponderán a la reducción del IRPF; 5.000 millones a la eliminación de un impuesto regional sobre la producción; 500 millones a las exenciones fiscales a familias numerosas y 1.900 a las detracciones a las empresas que contraten a tiempo indefinido.

En este sentido Renzi se dirigió a los empresarios para pedirles que realicen nuevas contrataciones después de las medidas que ha emprendido el Ejecutivo para impulsar el empleo, como la Reforma Laboral.

Sobre su decisión de reducir los impuestos, explicó que no es que sea propia de personas de derechas o de izquierdas, sino que es más bien de personas "normales" ya que los impuestos en Italia han alcanzado "niveles de locura".

En el documento se incluyen además nuevas prestaciones por desempleo por valor de 1.500 millones de euros, otros 500 millones para la contratación de 150.000 profesores de escuelas públicas con contratos precarios, 6.900 millones para gastos derivados de la propia legislatura y 3 millones para la eliminación de otros impuestos.

La capital italiana, al borde de la bancarrota, y la Exposición Universal de Milán del próximo año recibirán una ayuda total de 150 millones de euros.

Los 7.950 millones de euros restantes estarán destinados a incrementar el gasto en Investigación y Desarrollo o Justicia, entre otros sectores.

Para financiar estas medidas, que suponen en palabras de Renzi "la mayor reducción impositiva de la República italiana", el Gobierno ha tenido que reducir otras partidas y apostar por un mayor endeudamiento de las finanzas públicas.

En este sentido, el Estado contará con 11.000 millones de euros derivados de nuevo endeudamiento, si bien respetando los compromisos comunitarios y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento del Tratado de Maastricht (1992) tal y como explicó Renzi.

Otros 15.000 millones procederán de ahorro en el gasto público (denominado en Italia "spending review"), en concreto de las administraciones regionales, provinciales, locales y de los ministerios.

Además, la lucha contra la evasión fiscal proporcionará, según las estimaciones del Gobierno, la cantidad de 3.800 millones de euros mientras que un impuesto en las máquinas tragaperras reportará otros 1.000 millones.

El exalcalde de Florencia subrayó que el monto procedente de la lucha al fraude fiscal es "totalmente prudente" y que son consecuencia de una "gigantesca batalla" que prepara el Ejecutivo y que acarreará cifras "seguras".

Como novedad, este presupuesto prevé la posibilidad de cobrar una parte de un fondo especial llamado en italia "TFR" -Acuerdo por fin de relación laboral- para todos aquellos trabajadores que así lo deseen con el objetivo de animar el consumo.

Una medida esta muy criticada por los empresarios italianos, que alertan de una posible crisis de liquidez en sus cuentas.

Estos presupuestos deberán ahora pasar el control de la Comisión Europea por lo que serán enviadas hoy mismo a Bruselas.

Será el Ejecutivo comunitario el encargado de aprobarlas o, por el contrario, solicitar al Gobierno italiano cambios en el documento para adecuarlo a los requisitos europeos.

La Comisión se pronunciará al respecto previsiblemente antes del 30 de noviembre.