Rsc. El parlamento europeo votará la nueva directiva de informe no financiero el próximo 16 de abril

El Pleno del Parlamento Europeo votará el próximo 16 de abril la nueva directiva sobre el informe no financiero, después de que esta institución alcanzara un acuerdo con el Consejo sobre esta materia a finales del pasado mes de febrero.
La nueva norma afectará a las compañías cotizadas y las empresas con más de 500 empleados, que deberán hacer pública información ambiental y social relevante y útil en sus informes de gestión. La nueva directiva también deberá ser tenida en cuenta por empresas no cotizadas pero que los Estados miembros consideran que deban asumirla, bien por el tipo de actividad que desarrollan o por el número de empleados que tengan.
En total, se estima que el alcance de los requerimientos de información no financiera afecte a unas 6.000 compañías o grupos empresariales en todo el territorio de la Unión Europa.
El enfoque adoptado garantiza que la carga administrativa de elaboración de la información sea mínima para las empresas. Se exigirá a las compañías revelar información útil y concisa, necesaria para la comprensión de su desarrollo, el rendimiento, la posición y el impacto de su actividad, en lugar de un informe de pleno derecho y detallado.
El proyecto de directiva se ha diseñado con un modo no prescriptivo, y deja flexibilidad para que las empresas den a conocer la información pertinente de la manera que consideren más útil. Las empresas pueden utilizar las directrices internacionales, europeas o nacionales que consideren apropiadas, como por ejemplo los principios del Pacto Mundial de la ONU, la ISO 26000 o el Código de Sostenibilidad alemán, entre otras directrices.
En cualquier caso, las empresas tendrán que informar sobre las políticas, riesgos y resultados respecto a los temas ambientales, sociales y relacionados con los empleados, el respeto de los derechos humanos, así como las cuestiones de lucha contra la corrupción y el soborno, y la diversidad en los consejos de administración.
Desde el punto de vista procesal, la directiva todavía tiene que ser aprobada de forma definitiva por el Consejo Europeo antes de verano.