Rsc. Las empresas tienen que adoptar medidas de prevención ante la responsabilidad penal

La nueva reforma del Código Penal que entró en vigor a finales del año pasado está provocando que las empresas tengan que adoptar medidas de prevención del delito con el fin de que puedan ser exoneradas o atenuadas ante un posible delito penal que se pueda imputar a la empresa como persona jurídica.
Grabriel Castro, socio del despacho de abogados Garrigues, destacó durante una jornada sobre la reforma del Código Penal organizada por el Club de Excelencia en Sostenibilidad que la nueva actualización de régimen penal español ha incorporado el concepto de “debido control” como elemento que influye a la hora de si las empresas pueden ser acusadas de cometer un delito penal o no.
El desarrollo de este concepto esta provocando que las empresas desarrollen o actualicen los Códigos Éticos y de Conducta, así como los procedimientos de gestión de los mismos, como son los canales de denuncia según puso de manifiesto Javier López Galiacho, director de Responsabilidad Corporativa de FCC.
Galiacho resaltó que es necesario que las empresas establezcan políticas para la prevención de delitos, y entre estas medidas destacó el Código Ético y la figura del Chief Ethics Compliance Officer (CECO) como nuevo responsable dentro de las organizaciones que promueve el cumplimiento del mismo.
Esta figura, el CECO, esta ya muy extendida entre la alta dirección de las compañías norteamericanas, y tiene que depender directamente bien del Consejo de Administración o del máximo ejecutivo de la misma.
Entre las características que debe reunir figura la de ser una persona con un alto nivel de compromiso con la ética, y servir de “Pepito grillo” dentro de las organizaciones en cuanto que tiene que denunciar las malas praxis que se producen dentro de las organizaciones.
Para la puesta en marcha del Código Ético tiene que llevarse a cabo un ejercicio interno de lo que define a la empresa, de manera que refleje la misión, visión y valores de la misma.
Por último, Galiacho resaltó la necesidad de que haya una monitorización y una auditoría, llevada a cabo por un verificador externo e independiente, de todos los procesos y mecanismos que se ponen en marcha con el desarrollo de este tipo de herramientas.