Rsc. Seis de cada diez inversores domésticos cuentan con una política de inversión socialmente responsable

Seis de cada diez inversores domésticos, frente al cien por cien de los inversores institucionales extranjeros, cuentan con una política formal de inversión socialmente responsable.
Esta es una de las conclusiones del estudio 'Expectativas de los inversores institucionales en materia social, ambiental y de orden ético sobre las compañías cotizadas españolas', elaborado por Georgeson junto con el Club de Excelencia en Sostenibilidad y Funds People, con la colaboración de Red Eléctrica de España.
El estudio analiza si estas entidades consideran los criterios sociales, medioambientales y de buen gobierno (ESG) a la hora de la toma de decisiones de inversión. En este sentido, se pone de manifiesto cómo los inversores extranjeros tienen un mayor grado de desarrollo de este tipo de políticas frente a los domésticos.
Así, frente al cien por cien de los inversores institucionales extranjeros que aseguran utiliza una estrategia de integración de asuntos ESG, este porcentaje desciende al 44 por ciento en lo que respecta a los inversores domésticos. En cuanto a la estrategia de 'engagement' también ofrece unos datos parecidos, puesto que frente a la totalidad de los inversores extranjeros que la desarrollan, en el caso español tan sólo es del 30 por ciento.
El informe analiza también las preocupaciones de los inversores. La lista está encabezada por los derechos humanos, seguido por prácticas laborales y capital humano; salud y seguridad laboral; cadena de suministro; anticorrupción; diversidad; contribuciones sociales y políticas; clientes y microcréditos.
Sin embargo, el grado de importancia difiere según el tipo de inversor, así como su futura relevancia. Según los autores del estudio, una de las razones por las que los inversores tienen en cuenta este criterio es que la capacidad de transformación de algunas multinacionales supera en algunos casos el PIB de algunos países, por lo que las empresas pueden ejercer una enorme influencia en el desarrollo de las economías y las sociedades.
Mientras que en la actualidad el 48 por ciento de los inversores domésticos lo consideran bastante importante, y el 35 por ciento poco importante, esta cifras varían y dentro de tres años el 65 por ciento lo considerarán muy importante y tan sólo el 13 por ciento poco importante. Respecto a los inversores extranjeros, actualmente el 52,1 por ciento lo considera muy importante y el 39,1 por ciento bastante importante.
Respecto a la anticorrupción, que ocupa el quinto lugar, las compañías deben ser conscientes de que la adopción de medidas sobre esta materia es un componente esencial para proteger los intereses de sus accionistas e inversores. A este respecto, destaca el dato de que el 60 por ciento de los inversores domésticos lo consideran poco importante, frente al 47,83 por ciento de los inversores extranjeros que los consideran muy importante. Respecto a la atención de estos temas en un futuro, el 95 por ciento de los inversores internacionales lo considerarán como muy o bastante importantes, frente 72 por ciento en el caso de los españoles. Un 27 por ciento de los inversores domésticos lo continuará considerando como poco importante.
El documento también ofrece una serie de recomendaciones para los distintos agentes y entidades que conforman la inversión socialmente responsable en nuestro país. Así se afirma que deben ser los consejos de administración quienes tienen que encargase de supervisar el desempeño de las compañías en cuestiones extrafinancieras.
Además, también se reclama que los sistemas de retribuciones incluyan variables, para la alta dirección, con criterios y objetivos relativos a temas sociales, ambientales y de orden ético. En cuanto a las demandas realizadas por los inversores tienen que ser incorporadas en los planes estratégicos de responsabilidad social.