Madrid.- La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, se mostró hoy convencida de que las comunidades autónomas y los ayuntamientos cumplirán en 2011 con el objetivo de déficit público, que no podrá superar el 6% el PIB para el conjunto de las administraciones públicas.
En declaraciones a Onda Cero, Salgado discrepó de la opinión del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, quien ayer aseguró que no veía en las administraciones territoriales el mismo compromiso con la reducción del déficit que en la Administración General del Estado.
"Con la información que tenemos creemos que sí van a cumplir esos objetivos de déficit, aunque son rigurosos y tendrán que estar muy atentos para hacerlo", afirmó.
La vicepresidenta añadió que las intervenciones del gobernador del Banco de España "en líneas generales siempre tienen un poco de chispa y la de ayer también la tuvo".
No obstante, reconoció la autoridad de Fernández Ordóñez para opinar sobre lo que hay que hacer en todos los ámbitos económicos y aseguró que ella le escucha con atención, aunque no siempre esté de acuerdo con él.
En su discurso de ayer el gobernador también apostó por la desaparición de las cláusulas de revisión salarial ligadas a la inflación, algo que Salgado no ve necesario puesto que la reforma laboral permite la no aplicación de ese tipo de salvaguardas por la vía de la flexibilidad interna.
Según dijo, la existencia de una garantía salarial de ese tipo no constituye un problema, dado que empresarios y trabajadores ahora pueden acordar moderar salarios o ajustar jornadas en momentos de dificultad al margen de lo establecido en convenio.
Con respecto a la propuesta de UPyD, partido liderado por Rosa Díez, que aboga por la reducción del número de ayuntamientos para recortar el gasto, la vicepresidenta dudó de que se consiguieran los resultados buscados y señaló que se trata de un proceso que necesitaría de un acuerdo previo de carácter nacional.
"Es una propuesta como algunas de Rosa Díez que siempre pone de manifiesto una gran desconfianza en las administraciones territoriales", dijo.
En su opinión, la solución debería pasar por estudiar las competencias reales de los ayuntamientos, que -según dijo- a veces ejercen algunas que no les corresponden, y determinar cuánto dinero necesitan del Estado, cuánto de las comunidades autónomas y cuánto pueden generar ellos mismos.
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