Sanciones por corrupción internacional: 5.400 millones de dólares desde 1999

París, 2 dic.- Las sanciones financieras impuestas por los 427 casos de corrupción internacional descubiertos y concluidos desde la entrada en vigor de la convención de la OCDE en 1999 y hasta julio pasado suman 5.400 millones de dólares.

Durante ese periodo se dictaron 261 multas, la más elevada contra una empresa fue de 1.800 millones de euros, mientras que a una persona física se le llegaron a confiscar bienes por valor de 149 millones de dólares, indicó hoy la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en su primer informe sobre la corrupción trasnacional.

En total, se tomaron medidas de confiscación en el 13 % de los asuntos de los que hay información disponible, una porcentaje considerado "débil" por la organización, teniendo en cuenta que en su convención se propugna ese tipo de actuaciones para cumplir el principio de "sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias".

Todavía se recurrió menos -en sólo dos de los 427 casos- a la exclusión de futuros concursos públicos de las empresas culpables de haber corrompido a un funcionario extranjero para conseguir una licitación, que sin embargo habían supuesto el 57 % de los escándalos objeto del estudio.

Eso pese a que la OCDE había reforzado su dispositivo en 2009 con una recomendación para impedir a las empresas que hubieran corrompido en el pasado a volver a concurrir a concursos públicos.

Once de las personas físicas o morales consideradas responsables pagaron en total 43,7 millones de dólares a título de reparación, dinero que recibieron bien administraciones públicas, bien organizaciones no gubernamentales (ONG) designadas por la autoridad.

En una de las investigaciones, se decidió la disolución de una sociedad porque se consideró demostrado que había ejercido su actividad esencialmente recurriendo a medios delictivos.

En los 41 países donde está en vigor la convención internacional (algunos no son miembros de la OCDE) hubo 80 personas que ingresaron en prisión condenados por corrupción y la pena más elevada fue de 13 años. Además, se dictaron 38 sentencias de prisión exentas de cumplimiento y ejecutables en caso de reincidencia.

En un 69 % de los casos, las sanciones se ejecutaron por medio de un acuerdo, y sólo en un 31 % con una condena.

El conocido como el "Club de los países desarrollados" hizo hincapié en que pese a que hay muchos argumentos en favor de ese tipo de procedimientos, "deben respetarse los principios de regularidad en el procedimiento, transparencia y coherencia".

Es decir, que se tendría que justificar por qué se ha optado por esa vía, identificar públicamente a las personas morales y físicas sancionadas y detallar los términos del compromiso.

Por lo que se refiere a las comisiones pagadas, la más elevada fue de 1.400 millones de dólares. En conjunto, las 224 comisiones conocidas significaron 3.100 millones de dólares, una cifra sobre la que los autores del estudio subrayaron que "no hay duda de que representa sólo la parte emergida del iceberg".

Como media, el rendimiento de esas comisiones fue del 10,9, en términos de la parte que suponían en el valor de la transacción, y el 34,5 % de los beneficios obtenidos por los infractores.

Esa media encierra notables diferencias, ya que en la mayor parte de las situaciones la mordida estaba por debajo del 5 % del monto de la transacción (que ascendía en esos casos a 834 millones de dólares de promedio).

Un 41 % de los que realizaron esos pagos ilegales o los autorizaron eran asalariados miembros de la dirección de las empresas corruptas, y un 12 % los mismos presidentes.

Había intermediarios en tres de cada cuatro casos, y entre éstos destacó el recurso (un 35 % del total) a vehículos jurídicos como filiales o sociedades pantalla ubicadas en paraísos fiscales, propiedad en realidad de los perceptores de la remuneración.

Cuatro sectores de actividad concentraron casi el 60 % de los 427 "escándalos" cuya tramitación se ha finalizado en los 15 años en que ha estado en vigor la convención: las industrias extractivas (19 %), la construcción (15 %), el transporte y almacenamiento (15 %) y la información y la comunicación (10 %).

La OCDE manifestó su preocupación por que las autoridades responsables de la persecución de la corrupción (el fisco, el personal de las embajadas, las células de información financiera o los organismos de supervisión de licitaciones públicas) sólo descubrieron el 13 % de los escándalos de corrupción internacional.