Se mantiene la presión social y se paran desahucios a la espera de soluciones

Madrid, 12 nov.- Asociaciones y ciudadanos han vuelto a salir a la calle hoy para parar desahucios y seguir presionando para cambiar las normas hipotecarias, a la espera de la reunión entre el Gobierno y el PSOE y con el apoyo de varias instituciones locales ante el drama de algunas familias.

Tras el suicidio de una mujer en Barakaldo el pasado viernes cuando iban a notificarle un desahucio, la presión social ha continuado en algunas ciudades, como Madrid, Málaga y Valencia, con acciones para ayudar a los afectados que han conseguido frenar la expulsión de algunos vecinos de sus casas.

Hasta tres desahucios programados para este lunes ha conseguido frenar en la capital la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), llegando incluso en un caso a pactar con Bankia para que la familia pueda seguir en su domicilio pagando un alquiler social.

Un grupo de esta asociación y vecinos del barrio han conseguido frenar un desalojo en la zona de Cuatro Caminos, a donde no ha acudido la Policía Nacional, según fuentes de la PAH, y solo había agentes municipales, aunque no se ha percibido presión por su parte contra las protestas para evitar esta situación.

Una mujer ha acudido a pedir ayuda en ese momento porque al mediodía iba a ser desahuciada con su familia en esa misma zona de Madrid. Finalmente, han conseguido también que quedara suspendida esta decisión.

También hoy, un centenar de personas ha decidido concentrarse frente a la sede nacional del PP, en la madrileña calle Génova, para protestar con gritos, silbatos y cacerolas y exigir una solución a esta situación "insostenible".

"No son suicidios, son homicidios" y "Tenemos la solución, los banqueros a prisión", han sido algunas de la consignas lanzadas de los convocados, bajo la vigilancia de un grupo de policías antidisturbios.

Desde el País Vasco se ha trasladado a Madrid un grupo de Stop Desahucios para denunciar, según ha dicho María Uriarte, una de sus integrantes, que "no es suficiente una moratoria de dos años solo en caso de extrema necesidad". "Ya conocemos esa ambigüedad y queremos que de verdad se solucione el problema", ha añadido.

Esta plataforma ha constatado un aumento de las llamadas de ciudadanos que piden ayuda al estar en riesgo de perder su vivienda y de otros que se ofrecen como voluntarios para ayudar desinteresadamente en estos procesos.

En Valencia también cerca de un centenar de personas se han unido en el barrio de Orriols para evitar el desalojo de Juan y Engracia, un matrimonio en paro con una hija de 5 años y que había recibido una comunicación del banco tras haber retrasado el pago de su hipoteca "cinco o seis meses" y haber acumulado una deuda de entre 4.000 y 5.000 euros.

Este desalojo ha sido suspendido a petición del propio banco SabadellCAM, que ha trasladado a los afectados que paraliza el proceso "sin fecha" futura de ejecución.

En Málaga ha sido el Sindicato Unificado de Policía (SUP) el que ha protagonizado una manifestación ante la delegación de Hacienda para apoyar a un agente al que le han comunicado que subastan su vivienda.

El propio agente afectado ha acudido a la concentración, con la cara cubierta con una bufanda para que no se le identificara, y ha pedido ayuda "a todo el mundo" porque está "desesperado" por esta "muy mala" situación.

La responsable provincial del Ministerio le ha garantizado posteriormente que no se ejecutará hasta pasados diez meses o un año tras comunicarle esta subasta la semana pasada al policía, cuya esposa tiene una minusvalía superior al 55 por ciento y dos hijos en edad escolar.

Durante estos días, alcaldes de toda España se han sumado las reivindicaciones de los ciudadanos y han anunciado medidas para ayudar a los afectados.

El alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, ha avanzado que la policía local no volverá a colaborar en los procedimientos judiciales dirigidos al desahucio de personas o familias de la ciudad hasta que no se regule de nuevo el proceso con criterios sociales.

El consistorio de Sevilla revisará "caso por caso" cada uno de los casos de riesgo de desahucio en el parque municipal de la vivienda pública, mientras que en Vigo se considerará el desahucio como una de las causas de resolución de los contratos que firme a partir de ahora la corporación local con las entidades financieras.

Pero también se han dado casos que no se ha podido frenar, como el acaecido en Pamplona, donde Bankia se ha negado a suspender en los juzgados la subasta de una vivienda hipotecada de una mujer de 50 años, aunque ha renunciado a adjudicarse el piso de forma directa y se ha abierto un plazo de veinte días para intentar lograr un acuerdo.