Senado mexicano endurece castigos hasta con 15 años de prisión para ladrones de combustible

Con 66 votos a favor, 21 en contra y cuatro abstenciones, los senadores aprobaron la noche del martes un dictamen que "establece sanciones a quien sustraiga hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, de ductos", así como a quien compre o comercialice el combustible obtenido ilegalmente, dijo el Senado en un comunicado.

Las sanciones, que pasan al presidente Enrique Peña Nieto para su promulgación, serán de cuatro años de cárcel y una multa económica cuando el robo sea de menos de 300 litros, de cuatro a ocho años cuando sea de mil litros, de ocho a 12 años por más de 2.000 litros y de diez a 15 años de prisión por una cantidad mayor.

Las sanciones incluyen cinco años de prisión y una multa económica contra cualquier servidor público que tenga conocimiento del robo del combustible y no lo denuncie.

Las nuevas penas fueron aprobadas el mismo día que el gobierno mexicano realizó una exitosa licitación de 25 campos petroleros terrestres, adjudicados a empresas mexicanas y extranjeras.

Muchos de esos yacimientos están en zonas afectadas por la violencia y donde grupos del crimen organizado incluyeron el robo de combustibles como parte de sus actividades delictivas.

En todo el país se descubrieron en los primeros 11 meses de este año 5.091 tomas clandestinas de ductos de combustible, contra 3.286 en el mismo período de 2014, según datos oficiales.

La sustracción ilegal de hidrocarburos "representa una pérdida de alrededor de 40.000 millones de pesos (2.300 millones de dólares) al año", dijo el senador Omar Fayad Meneses, presidente de la comisión de Seguridad Pública del Senado e integrante del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En tanto que senadores del bloque de izquierda consideraron que la penas son menores a las inicialmente propuestas y que la nueva ley favorece a los nuevos inversionistas del sector.

El gobierno de México ha adjudicado en 2015 un total de 30 contratos a inversionistas privados, en tres licitaciones, tras la entrada en vigor en 2014 de una histórica reforma constitucional que abrió la puerta al capital privado para la explotación de petróleo en el país, una actividad que fue monopolizada durante 76 años por la estatal Pemex.

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