Sólo una empresa, la francesa Andros, formaliza su opción de compra de Dhul

Granada, 24 may.- La multinacional francesa Andros ha sido la única entidad que ha formalizado una oferta para la compra de las marcas Dhul y su fábrica de Granada, una vez concluido el plazo fijado por el Juzgado de lo Mercantil 1 de Granada, que autorizó la venta solicitada por su actual administración concursal.

En una comunicación de hoy del referido juzgado, a la que ha tenido acceso Efe, la secretaria hace constar que sólo la entidad Andros Et Cie SAS ha presentado oferta en sobre cerrado para la adquisición de la unidad productiva, que pertenecía a Nueva Rumasa.

La resolución recoge que esta entidad ha presentado un aval solidario pagadero, a primer requerimiento, por la cantidad de un millón de euros.

La oferta de la multinacional francesa se concreta en la cantidad de 2.051.501 euros, lo que la secretaria judicial hace constar a los efectos establecidos en el auto del Juzgado de lo Mercantil 1 de Granada de fecha 10 de mayo de 2013.

El referido auto, al que también tuvo acceso Efe, establecía que toda entidad que estuviera interesada en la venta debía comunicar hasta hoy -24 de mayo- la cantidad que estaría dispuesta a abonar, respetando en todo caso la cifra mínima de dos millones de euros.

Entre las seis modificaciones que fijó el Juzgado respecto a lo solicitado por la administración concursal destacaba que el adquiriente debía respetar tanto los puestos de trabajo existentes como la ubicación actual de la unidad productiva en Granada.

En el documento presentado por la administración concursal de Dhul en el que se solicitaba la autorización de la venta se recogía que los dos ofertantes que habían acreditado solvencia económica y presentado mejoras en el tiempo de alegaciones fueron la firma catalana PHI Industrial y la multinacional francesa Andros, que finalmente ha formalizado su opción de compra.

Los trabajadores de Dhul se han concentrado precisamente en las últimas horas ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para pedir al juez que fijó la condiciones de venta de la fábrica que las cambiara porque creían que las fijadas condenarían "a muerte" a la empresa, si el proceso quedaba desierto.