Standard & Poor's rebaja la calificación de siete comunidades tras el recorte de España

    • La semana pasada, la agencia rebajó la nota de España en dos escalones.
Standard & Poor's rebaja la calificación de siete comunidades tras el recorte de España
Standard & Poor's rebaja la calificación de siete comunidades tras el recorte de España

AGENCIAS

La agencia Standard & Poor's (S&P) ha rebajado hoy la calificación de la deuda de siete comunidades autónomas -Andalucía, Aragón, Islas Canarias, Galicia, Madrid, País Vasco y Navarra-, además de la de Vizcaya, como consecuencia del recorte aplicado la semana pasada a la deuda soberana española.

En un comunicado, la agencia, que ha situado la calificación de la deuda de todas las regiones en perspectiva negativa, ha explicado que, por el contrario, mantiene la nota de las Islas Baleares.

La semana pasada, la agencia rebajó la nota de España en dos escalones, de "BBB+" a "BBB-", hasta situarla al borde del "bono basura".

La agencia de calificación crediticia ha rebajado dos escalones la nota de la Comunidad de Madrid, que pasa de 'BBB+' a 'BBB-', sitúandola al borde del 'bono basura', al igual que hizo la semana pasada con la deuda general de España.

Andalucía y Aragón, pasan de tener una nota de 'BBB' a una de 'BBB-', mientras que Canarias, Galicia y Madrid pasando de 'BBB' a 'BBB-'. Además, ha confirmado el rating de 'BBB-' de las Islas Baleares.

La agencia ha revisado también a la baja los ratings de Euskadi y Vizcaya de A a BBB+, con perspectiva negativa a largo plazo, al igual que ha realizado con el Gobierno de Navarra. S&P afirma que esta calificación "refleja principalmente" su opinión de que "el deterioro de la calidad crediticia de España, disminuye la probabilidad de que las regiones de régimen foral puedan beneficiarse del apoyo del Gobierno central".

En un comunicado, la agencia explica que esta decisión se ha adoptado después de la rebaja, el pasado 10 de octubre, del rating de España a 'BBB-/A-3' desde 'BBB+/A-2'.

No obstante, S&P mantiene los ratings a largo plazo dos escalones por encima de la calificación otorgada a largo plazo para España, por considerar que "los gobiernos locales y regionales arrojan una mayor calidad crediticia".

Apoyo a las regiones

Las perspectivas de las comunidades se mantienen en negativo, según la agencia de calificación. La rebaja refleja la opinión de S&P de que el Gobierno está preparado y será capaz de apoyar el servicio de la deuda de las regiones y financiar sus déficit fiscales en el horizonte temporal que abarcan sus rantigs.

Esto se llevará a cabo a través del mecanismo de crédito legalmente establecido denominado Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) que, según S&P, ha comenzado a cubrir "sin problemas y de forma coordinada" el servicio de la deuda financiera de las regiones adheridas.

Inicialmente se ha dotado al FLA con 18.000 millones, una cifra que, según la agencia de calificación, debería ser suficiente hasta el final de 2012. Para 2013, el FLA podría contar con una dotación de alrededor de 32.000 millones.

Para S&P, el Gobierno está mostrando un "fuerte compromiso" con la deuda de las comunidades, por lo que la rebaja parte de que se mantendrá el FLA, si es necesario, al menos durante el horizonte de análisis (2012-2014).

Asimismo, considera que el FLA contará con los fondos suficientes para cubrir tanto la refinanciación actual de la deuda extranjera como los objetivos de déficit y que se administrará de un modo "flexible" y con un alto grado de coordinación con las comunidades. En cualquier caso, la agencia cree que las seis comunidades solicitará adhesión al FLA este año o el que viene.

Por otro lado, la decisión de alinear estos ratings con el soberano se debe también a que S&P cree que las comunidades de régimen común llevarán a cabo progresos en la consolidación fiscal y cumplirán de forma aproximada con los objetivos de déficit.

Esta expectativa se fundamenta en el aumento de la supervisión por parte del Gobierno, que ejercerá un control directo de la gestión de las comunidades que potencialmente incumplan con los objetivos fiscales, como se contempla en la ley española de estabilidad presupuestaria.

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