En las zonas 'no tensionadas'

Las terrazas 'covid' puestas en plazas de aparcamiento de Madrid siguen 2 años

Pagarán tasa de ocupación y se podrá retirar la licencia de terrazas a hosteleros que acumulen en dos años infracciones.

Terrazas en Madrid
Terrazas en Madrid
EFE

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este jueves inicialmente la modificación de la ordenanza de terrazas, que espera que entre en vigor antes de que finalice 2021, y en la que se establece que las terrazas de la capital que llegaron con la pandemia, conocidas como 'Covid',  continúen dos años más en pie, salvo en aquellas zonas que estén tensionadas, en las Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE), que son Centro, Gaztambide y Aaca y en aquellas que estén "ambientalmente protegidas". Actualmente hay en la capital un total de 940 terrazas que aparecieron durante la pandemia en bandas de aparcamiento, que suponen la ocupación de más de 2.000 plazas para vehículos.

Así lo ha dado a conocer la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, en rueda de prensa, donde ha añadido que las terrazas Covid ampliadas en las aceras volverán a su situación original, prepandemia, el 1 de enero de 2022. "Si bien se mantienen en bandas de aparcamiento, ahora tendrán que pagar una tasa por la ocupación del espacio público", ha expresado durante su intervención en rueda de prensa. Esta tasa "está pactada con Hostelería Madrid" y se prevé recaudar 2,9 millones de euros en 2022. Villacís ha reconocido que la ordenanza no es definitiva y que se tendrá que negociar con los partidos de la oposición. Este proyecto regula asimismo la instalación de food trucks, "cuyo emplazamiento será determinado anualmente por los distritos y cuyo régimen se asimila al de los quioscos".

El criterio de zona tensionada lo establecerá la Comisión de Terrazas con informes del área de Medio Ambiente y Movilidad. Estas se conocerán en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la nueva ordenanza. Son varios los criterios a tener en cuenta sobre ocupación de espacio público y ruido. No podrán ocupar más de un 30 por ciento del espacio público. Las zonas tensionadas en bandas de estacionamiento se identifican mediante un mapa en cuya confección se han analizado dos variables fundamentales: porcentaje de ocupación (así como afección al ruido) e incremento porcentual de terrazas en calles. Conforme a este mapa, se podrán adoptar medidas extraordinarias y específicas si fuera necesario para eliminar las posibles molestias que se identifiquen.

Se incorporan nuevos criterios de protección del medioambiente urbano con la previsión de un mobiliario más armonioso con el paisaje de la ciudad a través del establecimiento de parámetros estéticos, de mobiliario u otros. Además, cada establecimiento tendrá que designar a un "representante de terraza" que será el nexo entre el Consistorio y los vecinos. Esta condición podrá ostentarla el propio titular de la autorización o una tercera persona física y, en ningún caso, supondrá el traslado de la representación legal y de las responsabilidades tributarias y sancionadoras derivadas de las obligaciones legales o reglamentarias que corresponden al titular de la autorización. Se incluye del mismo modo un "régimen sancionador a los hosteleros que incumplen" y que será "riguroso". "Con dos infracciones muy graves o tres graves en dos años, se les retira la licencia de terrazas", ha precisado Villacís.

Respecto a las terrazas que se ampliaron a las aceras, la concejala delegada de Coordinación Territorial, Silvia Saavedra, ha confirmado que "el próximo 1 de enero de 2022 tendrán que desaparecer las terrazas de hostelería que se ampliaron a las aceras". Sí continuarán las mesas altas de baja ocupación (con dos taburetes) y las terrazas en zonas terrizas. Durante su intervención, Villacís ha puesto en valor que el Consistorio de la capital fue "audaz" al ampliar las terrazas, medida con la que salvaron "6.000 puestos de trabajo". "Hace un año y medio colocamos medidas excepcionales por una situación excepcional. Se convocó antes del fin de alarma", ha apuntado.

Tras la aprobación inicial del proyecto en Junta de Gobierno queda abierto el periodo de información pública en el que se podrán presentar alegaciones por un periodo de 30 días. Posteriormente, los técnicos valorarán dichas alegaciones y las pertinentes se añadirán al cuerpo del proyecto inicial. A partir de ese momento, el texto, ya refundido, se elevará de nuevo a Junta de Gobierno para su aprobación definitiva. El texto irá a la comisión correspondiente, luego se abrirá el trámite de presentación de enmiendas y, con ellas resueltas, se procederá a su aprobación definitiva en el pleno municipal.

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