Tráfico. El casco obligatorio para los ciclistas divide a la dgt, ccaa y ayuntamientos

El propósito del Gobierno de obligar a los ciclistas menores de 18 años a llevar un casco de protección cuando circulen por las ciudades no suscita el consenso entre la Dirección General de Tráfico (DGT), las comunidades autónomas de Cataluña y País Vasco, y algunos de los ayuntamientos más populosos de España, como Barcelona, Zaragoza y Málaga, donde residen cerca de 2,9 millones de habitantes.
Así quedó reflejado este martes en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados, donde comparecieron distintos responsables de estas administraciones públicas, antes de que el próximo jueves comience el debate parlamentario sobre la reforma de la ley de tráfico que incluye la obligación del casco para los ciclistas menores de 18 años cuando vayan por zonas urbanas.
La subdirectora general de Intervención y Políticas Viales de la DGT, Mónica Colás, afirmó que el de los ciclistas fue el único colectivo que empeoró las cifras de siniestralidad en 2012, año en el que murieron 72 usuarios de la bicicleta en las ciudades y las carreteras españolas.
Colás apuntó que, de estos ciclistas fallecidos, 40 tenían al menos 50 años, 68 eran hombres y 45 murieron entre las 7.00 y las 15.00 horas, lo que, según añadió, “nos hace pensar que usaron la bicicleta como medio de transporte” y no como elemento de ocio, perfil que se asemeja mucho al de los heridos graves o leves.
Además, señaló que la “letalidad” de los ciclistas es “cuanto menos igual” que el de los ciclomotoristas y los motoristas, y que la lesión cerebral aparece en el 70,5% de los accidentes mortales con bicicleta, por un 15,5% en el caso de los fallecidos que circulaban en otro tipo de vehículo.
“La exposición al riesgo de la bicicleta aumentará nuestras cifras de siniestralidad si no adoptamos medidas preventivas” como la obligación del casco en las ciudades, según añadió Colás, que apuntó que “no hay evidencia” de que esta propuesta vaya a desincentivar el uso de este vehículo de dos ruedas. “Nuestro único objetivo es evitar cualquier lesión prevenible”, apostilló.
CATALUÑA Y PAÍS VASCO
Por otro lado, el director del Servicio Catalán de Tránsito, Joan Josep Isern, mostró algunos reparos con la obligación del casco entre los ciclistas que vayan por las ciudades y apostó por encontrar un “equilibrio” que potencie el uso de la bicicleta en las calles sin adoptar medidas que desistan al uso de este vehículo. “Si utilizamos algún elemento más que distorsione ese equilibrio, podríamos conseguir que la gente deje de ir en ese medio de transporte”, agregó.
Isern explicó que el Gobierno catalán forma a unos 20.000 niños de entre 11 y 15 años en las escuelas sobre educación vial, con clases en las que defiende la obligatoriedad del casco con el uso de la bicicleta.
Añadió que los ciudadanos de entre 16 y 18 años pueden utilizar las bicicletas públicas con una necesaria autorización paterna, que deja a las familias la libertad de si los hijos deben o no llevar casco en la ciudad.
Isern recomendó, además, la obligación de llevar casco cuando un trabajador realice un trayecto en misión en bicicleta durante su horario de trabajo.
Por su parte, la directora de Tráfico del Gobierno vasco, Garbiñe Sáez, rechazó que la obligatoriedad del casco se aplique de forma “coercitiva”, es decir, con sanciones en el caso de incumplimiento, y abogó por “concienciar a nuestros jóvenes de la necesidad de forma segura y de que el casco es un elemento de seguridad personal”.
Sáez compartió la idea de Isern de que el casco sea obligatorio para los menores de 16 años, pero precisó que deben ser las corporaciones locales los que reflejen en sus ordenanzas municipales cuál es la franja de edad más conveniente para ello. “Son los ayuntamientos a los que les corresponde decidir cómo moverse en sus propias ciudades”, agregó.
ZARAGOZA, MÁLAGA Y BARCELONA
Durante el debate comparecieron representantes de tres administraciones locales. El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, Raúl López, fue el más entusiasta con la propuesta del Gobierno sobre el uso del casco entre los ciclistas cuando circulen por las calles.
López señaló que el casco “puede prevenir daños craneales” entre los ciclistas y aseguró que su obligación “no aminorará el uso de la bicicleta si va acompañada de medidas de apoyo”, como una red de carriles bici o calles con límite de velocidad a 30 kilómetros por hora.
Por el contrario, la consejera de Servicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Carmen Dueso, subrayó que la obligación del casco implicaría “un claro retroceso en el avance del uso de la bicicleta y, lo que es peor, de la seguridad”. “Está demostrado que la seguridad de los ciclistas aumenta en proporción a su número. Los conductores conviven de manera más respetuosa cuando los ciclistas forman parte del paisaje urbano”, comentó.
“Lejos de aumentar la seguridad, conseguiría el efecto contrario: el uso de la bicicleta descendería de manera exponencial. La obligatoriedad del casco supondría un varapalo importante para el servicio de bicicletas públicas. El casco debe ser recomendable, pero no obligatorio en la ciudad”, dijo.
Por último, el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Eduard Freixedes, aportó datos de diversos estudios internacionales para coincidir con Dueso en que se reconsidere la propuesta de la obligación del casco para los ciclistas en las vías urbanas.
Freixedes señaló que un “uso masivo de la bicicleta” disminuiría el riesgo de accidente para los ciclistas a la hora de chocar contra un vehículo a motor y que “el casco para los ciclistas está diseñado para dar protección en los accidentes sin que haya ningún otro vehículo implicado".