UGT afirma que "tijeretazo" en Dependencia dejará 256.515 personas sin ayuda

Madrid, 2 abr.- UGT ha denunciado hoy que el "tijeretazo" en el desarrollo de la ley de dependencia, previsto en los presupuestos generales del Estado de 2012, dejará a 256.515 personas sin la prestación que tienen reconocida.

Así lo ha asegurado el sindicato en un comunicado, en el que ha lamentado que el Imserso haya convocado a los interlocutores sociales para exponerles y explicarles los presupuestos del Ejecutivo días después de que hayan sido presentados.

En las cuentas presentadas, se refleja que las partidas previstas para el "nivel convenido" para la Dependencia se elimina al pasar de 283 millones de euros a 0.

Este "nivel convenido" que se ha suspendido es el siguiente al mínimo (cuantía mensual que el Gobierno transfiere a las CCAA por cada persona dependiente) y responde a la suspensión por un año de la incorporación de nuevas categorías de beneficiarios de la Ley de Dependencia.

A juicio de UGT, el Gobierno ha obviado "de forma flagrante" la participación institucional sindical respecto al análisis de la información de los presupuestos para acometer "un recorte histórico" en el desarrollo de la ley de dependencia.

En este sentido, ha asegurado que la actitud del Ejecutivo impide "la necesaria y legítima labor de vigilancia y control que las organizaciones sindicales tienen asignada".

Analizado "el tijeretazo" del Gobierno a las prestaciones, UGT ha señalado que vulneran de forma "clara" la aplicación de la ley de dependencia, en la que en la memoria económica de la misma figuraba el compromiso del Estado a aportar una cantidad anual para el nivel convenido, al menos hasta que la norma fuera implantada en su totalidad, en 2015.

Así, el 3 de marzo, y según los datos publicados por el IMSERSO y que ha citado UGT, el total de personas beneficiarias y con derecho a prestación asciende a 1.046.515, mientras que el Ejecutivo ha presupuestado para 2012 ayudas para 790.000 beneficiarios.

Lo que significa, ha apuntado, que 256.515 personas que tienen derecho a prestación se quedarán sin la atención que tienen reconocida.

Ha señalado que no sólo se incumple la norma que establece que el plazo de resolución de las Comunidades Autónomas no debe exceder de los seis meses, sino que "incluso se avala por la vía presupuestaria este incumplimiento, reduciendo drásticamente el número de beneficiarios".