Unesa carga contra los cambios regulatorios por su impacto en el negocio

Madrid, 25 oct.- La patronal de las grandes eléctricas Unesa ha criticado hoy los sucesivos cambios regulatorios aprobados por el Gobierno en los últimos dos años por su impacto en el negocio de las empresas, tanto a nivel de ingresos como de inversión.

El presidente de la patronal, Eduardo Montes, ha presentado hoy la memoria estadística de Unesa correspondiente a 2012, un año que, a su juicio, ha estado protagonizado por los cambios normativos, una tendencia que ha continuado en 2013.

Montes ha confiado en que se modifiquen algunos aspectos de la ley del sector eléctrico, la principal norma de la reforma eléctrica aprobada en julio, durante el trámite parlamentario.

Entre esos cambios, Montes ha señalado la necesidad de mejorar la retribución a la distribución, que está entre las más bajas de Europa y por debajo del coste de capital; de elevar los pagos a los ciclos combinados por estar disponibles, "insostenibles" con los recortes planteados en la reforma, y de avanzar en una mayor liberalización del mercado.

Al margen de estos posibles cambios, Unesa cifra en 16.299 millones de euros el impacto que han tenido en sus empresas las medidas regulatorias adoptadas entre 2006 y 2013, con el objetivo de financiar el déficit de tarifa, que se produce porque los ingresos del sistema no cubren los costes.

En el desglose de este importe, destaca el impacto por la reducción de los pagos por capacidad -la retribución que reciben las centrales de generación como compensación por estar disponible-, que asciende a 4.156 millones de euros.

También son elevados los importes por minoración de derechos de emisión de CO2 (2.609 millones), la tasa de la segunda parte de ciclo combinado nuclear (2.530 millones), los impuestos a la generación (2.315 millones) y el recorte a la distribución (1.369 millones).

Con respecto al déficit de tarifa, Montes se ha mostrado confiado en que no se genere desfase este año y que todas las medidas que plantearon para atajar esta deuda (crédito extraordinario de 2.200 millones, los 900 millones de Presupuestos y los impuestos) se cumplan y se destinen a lo que corresponde.

"Si se produjera y pasara al balance de las eléctricas estaríamos ante un verdadero problema", ha asegurado.

Montes ha insistido en señalar el elevado coste que suponen para el sistema las tecnologías inmaduras, en alusión a las solares.

En ese sentido, ha estimado que las subvenciones del sistema suponen alrededor de un 40 % de los costes regulados, unos 12.000 millones de euros anuales, por lo que si estos salieran de la tarifa el recibo de la luz bajaría.

De hecho, debido a la caída de la demanda y al impacto de la regulación, la actividad eléctrica en España supuso el pasado año "solo" un 32 % del negocio de las empresas integradas en Unesa, frente al 59 % de diez años antes.

Las cinco grandes eléctricas que operan en España registraron el pasado año una cifra de negocio de 22.654 millones de euros, un 7,4 % más que el año anterior, mientras que el resultado bruto de explotación (ebitda) bajó en un 2,7 %, hasta 9.400 millones.

El pasado ejercicio, las empresas de Unesa invertieron 3.200 millones de euros, aproximadamente lo mismo que en 2011, una cifra que previsiblemente bajará a partir de ahora.

Preguntado por iniciativas como la compra colectiva de energía promovida por la OCU, Montes ha asegurado que la existencia de una tarifa regulada apenas deja margen para la competencia y que los márgenes de las comercializadoras son "bajísimos".

Y sobre la bajada de potencia, ha afirmado que es la mejor medida de eficiencia energética porque limita el consumo y se ha mostrado a favor de que se haya elevado el peso del componente fijo en la factura ya que "la mayoría de los costes del sistema eléctrico español son fijos".