Uteca: "industria tiene una peculiar disposición al diálogo"


La Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca) acusó hoy al Ministerio de Industria de ofrecer a las cadenas una "permanente disposición al diálogo" para superar el conflicto del cierre de canales de TDT "que no deja de ser peculiar", porque han transcurrido 18 meses desde que el Tribunal Supremo ordenó el apagón y no ha adoptado una resolución satisfactoria.
La patronal que agrupa a los principales operadores de televisión de ámbito estatal respondió este viernes en un comunicado al que difundió días atrás el Ministerio de Industria en el que aseguraba que la actuación por decreto ley que le reclama Uteca para impedir el cierre de nueve canales de TDT sería "de dudosa legalidad" y podría incurrir en una infracción de la normativa europea.
Uteca cree que la solución pasa por "la simple aprobación" de un real decreto-ley que "enmendara los errores administrativos" de la adjudicación de canales que hizo el Gobierno de Zapatero y que han provocado la sentencia del Supremo. En su último comunicado, la patronal se reafirma en este argumento y asegura que la Sentencia del Tribunal Supremo del 27 de noviembre de 2012 reconoce que las televisiones privadas cumplieron todas las obligaciones que se les habían impuesto durante la transición a la TDT, y que fue la Administración la única que incurrió en errores y carencias puramente formales, al retrasarse en reconocerlo y culminar el proceso después de la aprobación de la nueva Ley General Audiovisual.
"Que la Administración General del Estado es única y el que los hechos se deban a actuaciones del Gobierno del año 2010 no exime al actual Ejecutivo de su responsabilidad de enmendar errores anteriores, cosa que no ha hecho durante los 18 meses transcurridos desde que se dictó la sentencia", afirma la entidad que copresiden Alejandro Echevarría (Mediaset) y José Manuel Lara Bosch (Atresmedia).
Uteca cree que la corrección del problema que sugiere por vía decreto ley está basado "en precedentes actuaciones legales promovidas por el propio Ministerio de Industria, Energía y Turismo para el sector energético", es "absolutamente legal" y "podría evitar la responsabilidad del Estado por los daños patrimoniales que las televisiones se verán forzadas a reclamar".
A su entender, "la proclamada como 'permanente disposición al diálogo' del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 'para la mejora de la calidad de los contenidos' no deja de ser peculiar, más aún cuando se produce 18 meses después de que el Tribunal Supremo dictara su Sentencia y tras requerir el propio Ministerio el cese de emisiones de nada más y nada menos que nueve canales de televisión".
La nota de Uteca concluye añadiendo que "más allá de la preocupante reducción de la pluralidad informativa y de ocio que implicará para los ciudadanos el cierre de nueve canales, la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo supondrá un impacto económico negativo en una industria que genera un volumen de negocio cercano a las 10.300 millones de euros y empleo directo e indirecto para más de 77.000 profesionales".

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