Venta de acciones del Estado argentino necesitará autorización del Congreso

La ley, impulsada por la presidenta Cristina Kirchner y que ya tenía sanción del Senado, fue aprobada por 127 votos a favor, del oficialismo y sus aliados, y 84 en contra de la oposición, además de cinco abstenciones de los opositores de izquierda, informó la Cámara baja.

El Estado solo podrá vender acciones privadas con autorización de dos tercios de ambas cámaras del Congreso y además se crea una agencia que coordinará el ejercicio de los derechos accionarios.

Las acciones implicadas son las recibidas por la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) en la estatización en 2008 de las administradoras de fondos de jubilación y pensión (AFJP) cuando Argentina retornó al sistema jubilatorio estatal, que había sido privatizado en la década de 1990.

Desde entonces, el Estado argentino tiene acciones en empresas como el grupo Clarín, el mayor multimedios de Argentina, la firma Telecom, la siderúrgica Siderar, el shopping Alto Palermo, el Banco Macro, entre muchas otras.

El objetivo de la ley es "proteger activos estatales, otorgándole al Parlamento la facultad de decidir la venta", dijo en la sesión el diputado oficialista Roberto Feletti, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda.

Feletti consideró que se trata de "un cambio conceptual, ya que estas participaciones involucran una presencia del Estado muy fuerte en temas como energía, gas, transporte, industria, distribución de comercio y bancos".

El diputado Miguel Bazza de la opositora Unión Cívica Radical, segunda fuerza parlamentaria, criticó la norma y advirtió que "incorpora elementos que pueden generar distorsiones y trabas que terminarían afectando el normal desarrollo del fondo de garantías de sustentabilidad" del Anses.

La ley fue enviada al Congreso, donde el oficialismo tiene mayoría, por la presidenta Kirchner, quien cumple su segundo mandato y entregará el 10 de diciembre el gobierno a su sucesor que saldrá de las elecciones del 25 de octubre.

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