Vizcaya cifra en 65 millones de euros la cantidad a devolver por 26 empresas

Bilbao, 20 sep.- Las 26 empresas vizcaínas que se acogieron en la década de los noventa a los incentivos fiscales posteriormente considerados ilegales por la UE deben devolver un total de 65 millones de euros a Hacienda, según ha revelado hoy el portavoz de la Diputación de Vizcaya, Juan María Aburto.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) declaró ilegales en junio de este año las "vacaciones fiscales" de 1993 y en julio, las conocidas como "minivacaciones fiscales". Además, la Comisión pidió al tribunal que impusiera un multa millonaria a España por no haber recuperado la totalidad de estas ayudas concedidas por las haciendas forales vascas.

Esta multa, cuyo importe sigue subiendo hasta que se recupere la totalidad de las ayudas, es, según ha explicado Aburto, de una cantidad fija de 40 millones de euros, más otra variable de 266.000 euros diarios, cerca de ocho millones por mes.

La Diputación vizcaína y la UE mantienen una discrepancia sobre la cantidad de las ayudas que es necesario recuperar.

"Si las ayudas podían ser de hasta 100.000 euros y alguna empresa había recibido 120.000 euros, el criterio de la Diputación fue solicitar la devolución de los 20.000 euros, lo que excedía. La Comisión entiende que hay que devolver el total", ha explicado Aburto. Por eso, ha señalado, la Diputación siempre había dicho que había recuperado las ayudas.

Por ello, si ahora el Ejecutivo foral reclama a las empresas la totalidad de las cantidades no es por un cambio de criterio, según ha afirmado Aburto, sino una actuación "responsable" después de que la CE reclamase que se impusiera una multa multimillonaria.

"No queremos correr el riesgo -ha dicho Aburto- de que sea la ciudadanía la que tenga que pagar una multa multimillonaria en base a los nuevos criterios establecidos por el señor (Joaquín) Almunia", vicepresidente de la CE y comisario de Competencia.

Ante "esta nueva situación", la Diputación ha recordado que mantiene abierta la vía judicial ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, para "defender los intereses de las empresas en estrecha colaboración con la Abogacía del Estado".

Para "ocasionar el menor perjuicio a las empresas y a las administraciones públicas, en el caso de que la sentencia no resulte favorable a nuestros criterios, la Diputación está solicitando, cautelarmente, a las empresas afectadas que reintegren las ayudas en base a los criterios establecidos por la propia Comisión, complementando lo que ya devolvieron en 2007", que, según Aburto, ascendió a 135 millones de euros.

Aburto ha anunciado que "si al final el tribunal nos diera la razón, los importes serán devueltos a las empresas".

El portavoz foral ha reconocido que algunas empresas podrían tener dificultades económicas para devolver las ayudas, pero ha insistido en que se "trabajará con todas ellas para que se pueda cumplir este nuevo criterio".

El Grupo Socialista en las Juntas Generales de Vizcaya, a través de un comunicado, ha pedido "seriedad y rigor" a los responsables de la Diputación, quienes, en opinión del PSE, "están incurriendo en una terrible contradicción" si ahora exigen a las empresas la devolución de unas ayudas fiscales que "según José Luis Bilbao -diputado general vizcaíno- ya fueron reembolsadas".