Ximo puig defiende los "pactos de la generalitat" para superar el “atasco” institucional en la comunidad valenciana


El secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, defendió hoy en el Fórum Europa, organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum, unos "Pactos de la Generalitat" con todas las formaciones políticas y agentes económicos y sociales para superar el “atasco” institucional en el que el PP ha sumido a la comunidad autónoma.
En su intervención, aseguró que lo peor del distanciamiento entre los ciudadanos y sus representantes no es la desafección ni la frustración, sino “la resignación y la indiferencia”, que perjudica a la propia esencia de la democracia como sistema de convivencia.
Reivindicó frente a ello la política “auténtica, honrada”, que afronta los problemas con realismo sin caer en el populismo y que comienza por conocer la realidad y “asumirla” como paso previo para poder cambiarla.
Denunció, en ese sentido, que la Comunidad Valenciana es la única que en los últimos veinte años ha perdido peso sistemáticamente en la renta per cápita, hasta caer catorce puntos por debajo de la media nacional, con una “losa” en forma de deuda de 30.000 millones con las entidades financieras, un 30% de desempleo y casi un tercio de la población en riesgo de exclusión, y todo ello pese a ser una comunidad “rica y potente”.
MOTOR DE DESARROLLO
Para que la Comunidad Valenciana vuelva a ser “motor de desarrollo” en España, explicó, el PSOE intenta levantar un proyecto basado en cuatro ejes a modo de “puntos cardinales”, el primero de los cuales es su convicción de que la desafección de los ciudadanos hacia sus políticos es “la herida de la democracia”.
Aunque la crisis económica haya sido el “catalizador” de esos sentimientos, alertó de que los ciudadanos están cuestionando el propio sistema democrático y la “sombra de corrupción” se extiende por todas las instituciones y por todos los partidos, con una sensación de impunidad “muy asentada” en la sociedad.
Los ciudadanos, explicó, sienten que la ley no trata “a todos por igual” y que beneficia a quienes arruinan una administración, intoxican el sistema financiero “estafando” a miles de familias, indultan a corruptos, niegan “la justicia y el respeto” a víctimas como las del accidente del metro de Valencia o simplemente “roban y no pagan” a Hacienda.
EJEMPLARIDAD
Frente a ello, defendió la “ejemplaridad” de los cargos públicos en virtud de un código ético que desvincula la responsabilidad política de la penal y que establece, por ejemplo, que un representante de los ciudadanos no puede defraudar a Hacienda, aunque no sea delito. “A los jueces lo que es de los jueces, y a la política lo que es de la política”, dijo.
El segundo de esos ejes es la convicción de que “no hay atajos para llegar a la prosperidad”, por lo que hay que apostar de verdad por la economía “productiva, real”, y los ajustes deben estar “legitimados socialmente”, para que los ciudadanos constaten que los costes se reparten “equitativamente”.
En ese sentido, denunció que se están ejecutando “recortes dramáticos” para los ciudadanos como si fueran “meros ajustes contables” y que no se están generando las condiciones para reactivar la economía desde las pequeñas y medianas empresas, que son las que crean el empleo.
REFORMA FISCAL
Defendió una reforma fiscal sobre la base de que “ni subir impuestos es de izquierdas, ni bajarlos tampoco”, y que todo depende de cómo se haga y cómo se distribuyan las cargas y las inversiones.
La clave, en su opinión, es si España saldrá de la crisis “a la nórdica o a la asiática”, y apostó por que desde las administraciones se fomenten las condiciones para “hacer mejor lo que sabemos hacer bien”.
El tercer eje es que el Estado del bienestar “nos hace más competitivos”, porque contribuye al desarrollo económico, y señaló que más de la quinta parte del crecimiento de los últimos veinte años es atribuible directa o indirectamente a las universidades, como ejemplo de que la educación debe ser “una política de Estado, y jamás un arma ideológica”.
La prueba de que el problema no son solo las leyes, aseguró, es que con la misma ley estatal hay más diferencia de resultados educativos entre Valencia y Asturias, que entre España y Finlandia.
Ximo Puig reconoció la necesidad de “reformar” el Estado del bienestar para hacerlo viable y sostenible a medio y largo plazo, pero criticó que se utilicen esas reformas “como coartada para hacer negocio” y generar, a la larga, más desigualdad y más coste.
IGUALDAD
El cuarto eje de su proyecto es la premisa de que la igualdad entre los ciudadanos es “el mejor pegamento” para preservar la unidad de España. Defendió con esa óptica la reforma de la Constitución propuesta por el PSOE para acabar con las “persistentes injusticias” y alertó de que el problema no es tanto la escasez de recursos como el reparto “insolidario” de los disponibles.
Insistió en que hay diferencias “difícilmente justificables” en los recursos por habitante al año y que si la Comunidad Valenciana recibiera la media dispondría “de mil millones más” al año. En dos décadas, aseguró, ha dejado de ingresar 13.000 millones de euros por ese reparto “injusto”.
Defendió un nuevo sistema que financie políticas priritarias y no tanto territorios, con una “mirada federal” y compromiso de lealtad institucional por todas las partes.
Ese es el proyecto que defenderá en unas elecciones que espera que se adelanten y coincidan con las europeas porque Valencia necesita “urgentemente” un cambio, “una alternancia higiénica”. “El barco zozobra y el capitán ha perdido no solo el rumbo, sino la capacidad de llevar el timón y reaccionar”, aseguró. “Si seguimos así nos la vamos a dar, nos vamos a pique”, y la pregunta es si los representantes políticos aspiran “al bien común o al sálvese quien pueda”.
Cree que la situación de la Comunidad Valenciana es “peor” que la de España en la transición, y defendió por ello unos “Pactos de la Generalitat” a modo de los pactos de la Moncloa.
Su compromiso fundamental es el de “unir a los valencianos” y, entre sus primeras medidas, hacer justicia a las víctimas del accidente del metro después del “peor de los desprecios” por parte de la Generalitat, y reunir a los agentes económicos y sociales para planificar la recuperación económica. “No soy un destroyer”, precisó, y todo lo que funcione bien “se mantendrá”.
Cree que el crecimiento económico en Valencia tiene “pies de barro”, aunque está dispuesto a adherirse a cualquier “brote verde”, y se mostró partidario de intentar gestionar “de la mejor manera posible” infraestructuras como el aeropuerto de Castellón.

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