El ministro italiano de Desarrollo, Carlo Calenda, ha anunciado que Italia cerrará paulatinamente las centrales térmicas de carbón, hasta eliminarlas en 2025. El plan italiano mete presión al Gobierno español y al ministro de Energía Álvaro Nadal, que se opone a los planes de cierre de centrales en España de Endesa, controlada por la compañía italiana Enel. Nadal se alinea con las tesis de la patronal eléctrica europea Eurelectric.
El poderoso "lobby" empresarial advierte de que el cierre de centrales para cumplir con las nuevas normas de Bruselas, encarecerá la factura de los clientes hasta en 108.000 millones de euros en el periodo 2020-2040.
Nadal, sin cifras concretas, comparte la idea. Esta misma semana, recalcó que "no tenemos los cambios tecnológicos que nos permitan dejar el carbón; su precio es mucho más estable y permite producir energía más barata". Por eso se enfrentó abiertamente a Enel, recalcando su carácter de empresa pública, por sus planes de cierre de centrales térmicas en Teruel y en León.
Pero los italianos de Enel lo tienen muy claro. En línea con el Gobierno, la empresa ha anunciado que no invertirá más en las plantas de carbón. ¿Y en España? Endesa declinó comentar la decisión de su matriz.
Decisión clave en agosto
Para entender la polémica que afecta al carbón hay que remontarse al pasado mes de agosto. Entonces, la Comisión Europea publicó la nueva normativa que endurece límites de emisiones de gases contaminantes para las centrales térmicas (550 gramos Co2 por Kwh). La mayor parte de las centrales en Europa -ninguna en el caso de España- cumple con las exigencias.
Los límites son vinculantes y las instalaciones dispondrán de hasta cuatro años para reducir sus emisiones de óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, partículas y, por primera vez, también de mercurio, a los niveles aceptados por la nueva normativa.
Sólo en España, cumplir con los nuevos estándares requeriría de una fuerte inversión en mejoras tecnológicas. Según cálculos de la European Climate Foundation, más de 1.119 millones de euros.
Para las compañías eléctricas, el escenario que abre el recorte de emisiones es una pesadilla. Por eso han encargado informes que ayuden a convencer, sobre todo a los Gobiernos, de que los costes de cerrar instalaciones superan a los beneficios por recortar emisiones.
Patronal europea
La patronal Eurelectric, presidida por Francesco Starace (Enel), ha encargado a la empresa especializada Compass Lexecon, un informe sobre las consecuencias de aplicar las medidas que ha aprobado Brulselas. Todas son muy negativas y todas acaban en un roto para el bolsillo del consumidor.
Para empezar, según el informe de Eurelectric, el recorte de emisiones no servirá para alcanzar los objetivos de descarbonización; las emisiones totales de CO2 de la UE permanecerán sin cambios; los consumidores pagarán 108.000 millones más entre 2020 y 2040 y 20.000 millones de inversiones en nuevas centrales térmicas corren el riesgo de quedar paradas. Más aún: el consumo de gas aumentará
en 100TWh por año, "manteniendo el consumo de gas por encima de 400TWh hasta 2035". Más gas y precios más caros.
El cierre de centrales no sólo tiene impacto económico. También lo tiene político. El pasado martes, Podemos y el PSOE sumaron votos en una moción en la que ambas formaciones instaban al Gobierno a seguir las directrices de la UE en materia medioambiental, con cierre de centrales de carbón incluidas.
La votación ha provocado fuertes críticas en el seno de ambas formaciones y, en especial, en las zonas mineras (Asturias, Aragón), donde la identificación de las formaciones de izquierda con la defensa de la minería aún permanece.
Primero, los mineros
La diputada socialista Pilar Lucio, destaca que lo importante, más allá de las centrales y las explotaciones mineras, es dar una salida adecuada y digna a los trabajadores que aún dependen de la minería del carbón para subsistir. El revuelo fue tal que el PSOE se vio forzado a publicar un comunicado en el que, entre otras cosas, "desmiente que la [enmienda] transaccional acordada con Podemos y Ciudadanos, aprobada en el Congreso por 201 diputados, suponga cerrar las térmicas en 2020".
Pero el comunicado no sirvió de mucho. La Federación de Industria del sindicato CC OO cuestionó la iniciativa pactada por el PSOE y Podemos. El sindicato considera que "la moción que presentó (Podemos) en el Congreso con el apoyo del PSOE y Ciudadanos equivale a acabar con la minería del carbón. Con la excusa de eliminar los combustibles fósiles desindustrializan, aniquilan empleos y desertizan comarcas enteras. Generan desempleo y abandonan a su suerte a la ciudadanía".
También el sindicato UGT cargó contra PSOE y Podemos. El secretario general del sindicato SOMA-Fitag-UGT Asturias, José Luis Alperi, defendió la necesidad de que se apueste por el carbón autóctono en el modelo energético español. Alperi dejó claro en sus declaraciones que no comparte la inicitiva del PSOE.
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