España pedirá a la CE que rectifique su propuesta sobre la patente europea

Bruselas.- España pedirá hoy a la Comisión Europea (CE) que "rectifique" su propuesta de creación de una patente unificada, con vistas a lograr una "patente verdaderamente europea y sin discriminación", según dijo el secretario de Estado español para Asuntos Europeos, Diego López Garrido.

"La CE nos tiene que explicar qué propuesta va hacer cuando el Tribunal de Justicia de la UE ha derribado la fórmula de resolución de litigios que pretendía hacer extramuros de la Unión", dijo López Garrido a su llegada al Consejo de Competitividad de la UE que se celebra hoy en Bruselas.

En esta reunión, los países de la UE prevén aprobar un procedimiento que permitirá sacar adelante el proyecto de patente común sin España e Italia, y pese al dictamen del martes del Tribunal europeo, que declaró ilegal la parte jurídica de la futura patente.

Este proyecto "ha nacido muerto, porque el dictamen del Tribunal ha hecho imposible e inviable la propuesta de la Comisión", declaró López Garrido a los medios.

"Es inexplicable que después del varapalo del Tribunal, la CE siga adelante, cuando su obligación es rectificar", añadió.

El dictamen de la máxima instancia judicial europea "da la razón a España y fortalece su posición", subrayó el secretario de Estado, quien recalcó que la propuesta actual "fragmenta el mercado interior y a algunos países en función del idioma".

Es el caso del español, que queda "profundamente discriminado" -la propuesta sólo permite tramitar las patentes en inglés, francés y alemán- "pese a ser la segunda lengua materna del mundo", destacó.

España "mantendrá su posición firme de defensa del Español" y solicitará a la CE, a la Presidencia húngara de turno y a los estados miembros "que se dedique más tiempo" para tratar de alcanzar "un acuerdo a 27, para lograr una patente verdaderamente europea".

Si los 25 países que respaldan la propuesta aprueban hoy el procedimiento de "cooperación reforzada", que permitiría seguir adelante con el proyecto sin los dos países que lo rechazan, España acudiría al Tribunal de Justicia de la UE.

España argumentaría ante la corte de Luxemburgo que el proyecto "atenta contra el mercado interior y los derechos fundamentales, ya que discrimina a las empresas y a lengua españolas", explicó López Garrido.

En caso de aprobarse la propuesta actual, ésta "afectaría gravemente a la competitividad de las empresas españolas", advirtió el secretario de Estado.