Interior anula la licitación del escrutinio electoral tres meses después de lanzarla

Lío en la licitación para adjudicar los trabajos de escrutinio del próximo ciclo electoral. El Ministerio del Interior ha decidido anular el proceso que había lanzado justo antes del verano, en el que preveía un solo participante. El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska, que ya expulsó a la tecnológica catalana Scytl por incumplimiento de contrato, toma esta decisión de manera sorpresiva. Se limita a asegurar que es por un "error". Hace una semana, el Consejo de Ministros autorizaba el procedimiento, por lo que todo apunta a que el concurso ahora cancelado 'in extremis' se había lanzado formalmente sin contar con esa luz verde. Fuentes oficiales aseguran que ayer se remitieron los nuevos pliegos.

A finales del pasado mes de junio la Dirección General de Política Interior, dependiente del Ministerio, dio el pistoletazo de salida. Hacía un anuncio previo oficial no sólo en la plataforma de contratación pública del Estado, sino también en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). Daban de plazo hasta el próximo 7 de octubre a mediodía para presentar las ofertas por parte de las compañías aspirantes. Eso sí, no hubo pliegos publicados. El presupuesto máximo del contrato era de 40 millones de euros con impuestos incluidos. Recurrían de nuevo al acuerdo marco, una figura que permite adjudicaciones de contratos más rápidas entre los aspirantes preseleccionados. El que suscribieron en 2018 con Indra y la catalana Scytl se había quedado sin efecto.

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A comienzos de esta semana, el Ministerio confirmó a través del portal de contratación pública no ya que modificaba el procedimiento sino que lo dejaba totalmente sin efecto. Sólo refleja en la actualización fechada el pasado 19 de septiembre que se publicó "por error", tal y como queda plasmado en el historial del expediente consultado por La Información. Hay que tener en cuenta que se trata de uno de los contratos más sensibles -por los trabajos que incluye- y relevantes. Fuentes oficiales apuntan que el proceso seguido para ahorrar tiempo implicó problemas en la gestión y la firma de las tasas para publicar en el BOE.

Esta anulación llega justo una semana después de que el Consejo de Ministros autorizara la celebración de un nuevo acuerdo marco que sustituya al que se ha cancelado. El valor del contrato global es el mismo: un total de 36,3 millones de euros. Fuentes oficiales del Ministerio del Interior aseguran a La Información que este mismo martes se remitieron los nuevos pliegos de la nueva licitación para su publicación oficial tanto en el portal de contratación como en el boletín oficial de la UE.

Como consecuencia de este contratiempo, los plazos se ajustan más para completar todo el procedimiento antes de la primera prueba de fuego. El anterior acuerdo marco firmado en el año 2018 necesitó cuatro meses desde el primer anuncio de licitación y la adjudicación definitiva. Pero ese no es el final del proceso. Para cada uno de los comicios deben ejecutarse un procedimiento más rápido para elegir entre las diferentes empresas elegidas. Las primeras elecciones que hay en el próximo calendario son las municipales que tendrán lugar a finales del próximo mes de mayo de 2023.

Otros problemas

Esta anulación no es el único problema que ha vivido el departamento de Grande-Marlaska en las licitaciones vinculadas al nuevo ciclo electoral. El principal contratiempo es el que se ha vivido en el marco de otro acuerdo para la adquisición y distribución de diverso material electoral. Uno de los cinco lotes estaba referido a la provisión de urnas específicas para las elecciones. Tras la presentación de un recurso por una de las dos empresas licitadoras, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha anulado todo el proceso, como desvelaba El Debate.

También ha habido un error en otro de los lotes de ese acuerdo marco: el que tiene que ver con la provisión de cabinas y sobres, valorado en más de 7 millones de euros con impuestos incluidos. Este mismo martes, según queda reflejado en el portal de contratación, se ha anunciado también la anulación formal. ¿El motivo? "Un error en el periodo de vigencia". Ese plazo se fijaba en dos años. Todo apunta a que serían cuatro años, como el resto de licitaciones que están abiertas.

Al margen de las elecciones generales y municipales de 2023, las diferentes comunidades autónomas que tienen comicios el próximo año ya están dando los pasos para las licitaciones. La Comunidad Valenciana tiene previsto adjudicar a Indra, tal y como queda reflejado en las actas del órgano de contratación, por casi 1,3 millones de euros (al proceso también se había presentado la empresa española Odec). Por su parte, Aragón y Cantabria ya han lanzado los procedimientos formales.