Valencia.- La Generalitat ha presentado hoy en el Tribunal Constitucional el recurso contra el Real Decreto Ley 14/2010 del 23 de diciembre que afecta al sector fotovoltaico, tras el informe favorable emitido por el Consell Jurídic Consultiu y la autorización del pleno del Consell del pasado 11 de marzo.
En un comunicado, la Administración valenciana ha señalado que la citada norma supone "una modificación importante" para el régimen económico de las instalaciones fotovoltaicas acogidas al Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.
Las modificaciones realizadas por el Gobierno se concretan, según la Generalitat, en una reducción con carácter permanente de la retribución a percibir por los titulares de las instalaciones, proporcional a las zonas solares donde se encuentren ubicadas las instalaciones.
Asimismo, con carácter transitorio para los años 2011, 2012 y 2013, se establece una reducción extraordinaria de aplicación a todas las instalaciones, con un valor único para toda España e independiente de las zonas en las que se ubiquen las instalaciones.
El impacto de esa última modificación se concreta en unas reducciones para esos años de alrededor del 25% de los ingresos de las instalaciones solares fotovoltaicas instaladas en la Comunitat, lo que se traduce, según las mismas fuentes, en unas pérdidas próximas a los 121,5 millones de euros.
La Generalitat considera que el real decreto puede ser contrario a lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Constitución Española por la aplicación retroactiva a aquellas instalaciones ejecutadas que ya tenían previsto y garantizado un régimen económico a través del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo.
Este artículo, indican desde el Gobierno valenciano, consagra el principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, supuesto, este último en el que, a su juicio, se encuentran las instalaciones solares fotovoltaicas valencianas.
La Generalitat también alega que la Disposición Transitoria segunda establece para los próximos tres años, una reducción extraordinaria del número de horas equivalentes, de aplicación a todas las instalaciones independientemente de la zona en la que se ubiquen, con un valor único de 1.250 horas por año para toda España.
A su juicio, con este criterio la Comunitat sufrirá unas pérdidas medias de entre el 22% y el 29%, frente al promedio de pérdidas del conjunto de las cinco zonas climáticas, que se puede estimar en el 15%, lo que significa que será "una las más perjudicadas ya que su producción solar media es de las mayores de toda España".
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