Investigación judicial sobre el fundador de Unidental por la venta de sus clínicas

Nuevo frente judicial en ciernes relacionado con la gestión de clínicas dentales. En esta ocasión por la venta de Smysecret, la red de clínicas que acaba de ser adquirida por el fondo de capital riesgo Advent Internacional para ampliar el perímetro de Vitaldent y potenciar su negocio de la estética dental. El Juzgado de Instrucción 5 de Móstoles ha abierto una investigación contra el que fuera fundador de Unidental y SmySecret, José Álvarez, por un supuesto delito de estafa y administración desleal.

Según indican distintas fuentes, la decisión de la magistrada Susana González de la Varga, titular del juzgado de marras, se produce tras haber tomado declaración al doctor Jorge Escobar, socio de Álvarez y administrador del grupo dental, y recibir nueva documentación respecto al hecho que se investiga. Desde un principio, Álvarez estaba llamado a comparecer en calidad de querellado bajo la acusación de haber dejado sin sustento económico la clínica de un antiguo socio "desviando de forma artificial" clientes hacia las suyas propias.

El proceso, que se encuentra en su fase preliminar, parte de la querella presentada por el que fuera asesor jurídico de Unidental, que acordó participar en el negocio de Smysecret. Este grupo se creó en 2019, dos años después de la venta de Unidental al fondo Portobello, con el objetivo de dirigirse a un público joven a través de un modelo de captación basado en el marketing digital. En este sentido, a la supuesta víctima se le ofreció ser propietaria del 49% de una clínica situada en Móstoles, quedando el 51% en manos de Álvarez. Del conjunto de más de seis clínicas que operaban entonces bajo la marca en la Comunidad de Madrid, era la única que no estaba repartida entre los querellados y que tenía un "socio externo".

Las fuentes consultadas relacionan las acciones denunciadas con las negociaciones con Vitaldent

Pese a este porcentaje de titularidad, el accionista denuncia que a efectos reales no tenía ningún control efectivo sobre el propio negocio, salvo algunas cuestiones de gestión diarias. Un 'modus operandi' determinado por el hecho de que tanto Álvarez como Escobar controlaban la propiedad mayoritaria de las distintas mercantiles vinculadas a Smysecret, poder gracias al cual ostentaban toda decisión última sobre cualquier cuestión del negocio. 

Esto incluye las acciones publicitarias, con las que se captaba el grueso del negocio -aproximadamente el 80-, y que determina el que a partir de finales de 2020 la clínica empiece a acusar una pérdida progresiva de clientes. "Se observa por parte de los querellados una clara intención de dejar sin sustento económico la clínica relocalizando los clientes que le corresponderían hacia otras clínicas propiedad de los querellados", asegura el texto de acusación. 

Las fuentes consultadas vinculan estas acciones en detrimento del inversor minoritario con el inicio de conversaciones llevadas a cabo entre Álvarez y Vitaldent para su posible entrada en el capital de Smysecret. En este caso, el fondo Advent puso como condición para avanzar en el proceso que no participaran socios, lo que habría motivado la decisión de arruinar la clínica de Móstoles para comprar las participaciones por un precio irrisorio.

Según denuncia el socio afectado, los potenciales clientes que llamaban interesadas por los servicios de su clínica de Móstoles eran desviados a otros centros, sin atender a criterios de cercanía geográfica. Hechos que tienen un componente penal y que serían constitutivos de dos delitos: uno de estafa y otro de administración desleal. Las razones para justificar el primero es que los investigados aprovecharon su control sobre el flujo de clientes para alterar la "normal distribución" de los clientes y "enriquecerse". Uso que incidiría en una gestión fraudulenta de la herramienta de 'call center'. 

Por otra parte, la gestión desempañada por ambos como administradores solidarios habría provocado un perjuicio directo sobre el patrimonio de la mercantil, y por tanto del demandante, al utilizar los recursos y su poder para beneficiar al resto de clínicas. Particularmente, alentando y manteniendo unos contratos que en su desviación de clientes fueron  "inequívocamente defraudatorios, concurriendo con la estafa el incumplimiento de sus mínimas obligaciones de administrador".