La SEPI tropieza en su afán de abrir un arbitraje por impagos contra Venezuela

El papel de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) no se limita a insuflar oxígeno a empresas con graves problemas financieros. Como brazo inversor del Gobierno, también cumple una función estratégica orientando todas las actuaciones de sus empresas participadas. Esto incluye reclamar pagos pendientes y emprender acciones legales si fuera necesario, aun cuando la cuantía en juego no sea particularmente significativa y los costes de entrada del procedimiento elevados.

Así ha ocurrido recientemente en el empeño de la SEPI por recuperar la deuda que le debía un contratista extranjero. Semanas atrás, la empresa pública que dirige Belén Gualda puso en marcha un proceso competitivo para llevar ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya una reclamación de impagos contra la multinacional venezolana Bariven, la filial de compras de la petrolera estatal PDVSA.

Fuentes del mercado relacionan esta incomparecencia con el valor del contrato

Su intención era acudir a la vía del arbitraje internacional en representación de Cofivacasa, empresa de compraventa de materiales siderometalúrgicos controlada por la SEPI. Ello tras haber resultado infructuosas todas las gestiones de cobro extrajudiciales intentadas desde 2015. Entre ellas una carta remitida al embajador de Venezuela en junio de 2016 con el propósito de lograr una solución amistosa y satisfactoria para ambas partes, requerimiento que ni siquiera fue atendido. 

Pero aunque el contrato con Bariven contenía una cláusula de sumisión a arbitraje por todas las controversias derivadas del mismo, la realidad es que SEPI no ha recibido ni una sola oferta para recibir asistencia jurídica. Según la documentación consultada por La Información, la convocatoria ha quedado desierta ante la falta de interés por parte de los despachos para asumir las actuaciones durante todo el proceso arbitral.

Fuentes del mercado relacionan esta incomparecencia con el valor del contrato, que ascendía a 1,74 millones de euros, cantidad equivalente a la mitad de la deuda objeto de recobro (3,5 millones más intereses) y que consideran insuficientes dada la especial complejidad del proceso. Y es que el encargo abarcaba tanto el desarrollo del arbitraje en su fase inicial, como las impugnaciones o ejecuciones del laudo necesarias para materializar el cobro, en el supuesto de que la corte fallase a favor de Cofivacasa. 

Como norma, estos procedimientos internacionales suelen dilatase durante años. Ello hace que sea imposible definir el tiempo de dedicación por parte de los asesores jurídicos y, por tanto, que el presupuesto planteado resulte poco ajustado respecto a los niveles del mercado privado. De ahí que la SEPI optara por fijar una cantidad que "estima suficiente para cubrir los costes".

A lo anterior cabe sumar las incertidumbres en torno, ya no a que se emita laudo favorable, sino a que la satisfacción de la deuda pendiente. Escenario reconocido por SEPI al señalar que "la situación de especial incertidumbre política y social en Venezuela, unida al hecho de que la empresa reclamada ostenta la condición de pública, sin duda no ha facilitado que se atendieran los requerimientos efectuados".

Con todo, tras este primer traspiés la sociedad estatal valora lanzar un nuevo proceso de contratación, puesto que sigue adelante con su pretensión de recuperar el dinero. En concreto, la deuda hace referencia a un cúmulo de facturas que Bariven dejó a deber dentro del acuerdo comercial alcanzado con Cofivacasa para la fabricación de unos intercambiadores de calor. 

La empresa propiedad del Gobierno venezolano destinó estos sistemas a la construcción de la primera fase de la refinería 'Batalla de Santa Inés', proyecto presupuestado en más de 4.000 millones de euros. Ubicada en el estado venezolano de Barinas, inicialmente la planta iba a ser inaugurada en 2010, con una producción de 100.000 barriles diarios de crudo. Sin embargo, a día de hoy continúa pendiente.