Serra y la excúpula de Catalunya Caixa se defienden: "El BdE vetó ir al concurso"

El Banco de España estaba al tanto de la excesiva exposición al ladrillo de Catalunya Caixa hasta el punto de que la cúpula del supervisor -cuyo gobernador por entonces era Miguel Ángel Fernández Ordóñez- les trasladó la indicación de que la entidad no podía declararse en concurso de acreedores por la fuga de depósitos que generaría y el riesgo de contagio al resto del sistema bancario. Así lo han mantenido en sus declaraciones ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno el expresidente de la caja (2005-2010) y exvicepresidente del Gobierno Narcís Serra, y los ex directores generales José María Loza (1998-2008) y Adolf Todó (desde 2008).

Se trata de los tres primeros imputados en comparecer ante el juez por la querella de Anticorrupción que les acusa de generar un agujero en la entidad de 720 millones de euros a través de una serie de operaciones inmobiliarias supuestamente irregulares puestas en marcha entre los años 2000 y 2013. Esas operaciones -en España, Portugal y Polonia- comportaron créditos "desproporcionados"  que generaron "compromisos económicos relevantes" para la caja.

Entre 2001 y 2007, las garantías para estas inversiones, según Anticorrupción, se redujeron "a la mera palabra del socio", sin informes de los órganos de control del banco. A partir de 2008, con la crisis económica, fue cuando se evidenciaron los deterioros para la entidad. El fiscal les imputa por todo ello un delito continuado de administración desleal.

Fuentes presentes en el interrogatorio han asegurado que los tres declarantes han confirmado ante el juez Moreno que el Banco de España no solo estaba al tanto de todas esas operaciones, sino que actuaron con el supervisor de manera consensuada. Que esa supuesta actuación en consuno con el BdE se produjo tanto entre 2001 y 2007 cuando se llevaron a cabo las operaciones inmobiliarias, como a partir de 2008.

"Los socios eran fiables"

Sobre la falta de control de la solvencia de los socios con la que según Anticorrupción se embarcó la entidad en esas promociones, los directivos imputados han señalado que todo se hizo cumpliendo con la normativa interna de la caja. También han añadido que los socios -la mayoría de los cuales iban al 50% con Catalunya Caixa- eran fiables, como probaría el hecho de que entre 600 y 700 de esas operaciones salieran bien. 

El problema, según los interrogados, fue el estallido de la burbuja inmobiliaria y la llegada de la crisis, que les pilló con más del 50% de su negocio bancario en ese sector. En sus declaraciones, los antiguos cargos han asegurado que nadie podía prever el desplome que se produjo, y han recordado que incluso en 2008, cuando la recesión no había hecho nada más que empezar, el Gobierno socialista "hablaba de brotes verdes".

En cuanto al agujero de 720 millones de euros han asegurado que, en parte, tiene que ver con el poco valor con el que compró la Sareb (el banco malo) su cartera inmobiliaria. Todo ello sin culpar directamente al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), dependiente de Economía, que fue quien llevó el caso a la fiscalía. A su salida de la Audiencia, Serra ha declarado: "He entrado muy tranquilo y salgo aún más tranquilo; todo acabará bien".