8 de cada 10 catalanes perciben corrupción, 22 puntos más que en 2010

La percepción ciudadana de que hay corrupción en Catalunya es ahora casi 22 puntos mayor (21'8) que hace cinco años, según una encuesta presentada este martes por la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC): en 2010, el 60,5% de habitantes aseguraba que había "mucha o bastante"corrupción, y este año son el 82,3%.

El estudio de este año pone además de manifiesto que el 88,9% de catalanes aseguran que la corrupción es un problema muy o bastante grave, 11 puntos más que en 2010, y más de la mitad de los encuestados (53,5%) opinan que en los últimos años la corrupción en Catalunya se ha incrementado, frente al 4% que opinan que ha disminuido. El 37,8% que creen que se ha mantenido.Un 5'5% de catalanes no ve mal que un político beneficie a su hijo

La encuesta aborda también los límites que los catalanes aceptan saltarse las normas. Así, por ejemplo, el 15'1% de los encuestados admite que un alto cargo acepte como regalo una caja de vino de una empresa y un 13'3% ve aceptable que una persona que trabaja en el sistema sanitario público permita a un familiar saltarse la lista de espera. Un 20'9% ve bien llamar a un médico conocido para evitar estas esperas y un 11'5% no sanciona que se contrate un servicio sin factura para no pagar IVA. El 39'8% no aprecia corrupción en el hecho de que una empresa privada acepte regalos de un proveedor y el 29'5% tampoco ve reprochable que un médico de la sanidad pública disfrute de un viaje pagado por un laboratorio farmacéutico.

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Sin embargo, cuando se trata de corrupción política, la tolerancia baja: apenas un 1'3% ve aceptable que un funcionario utilice su cargo con una finalidad privada. Sin embargo, un 5'5% considera que no es una conducta corrupta que un político apruebe un proyecto que favorezca a la empresa de un hijo y el 4'1% acepta que un empresario pague para obtener un contrato público.

El 55% de los encuestados cree que los partidos políticos de Catalunya se financian ilegalmente y el 88'6% opina que el hecho de que las formaciones reciban financiación privada puede acabar influyendo en las decisiones de Gobierno. Para el 53'5%, los cargos políticos en la comunidad son poco o nada honestos. Lo contrario lo considera el 41'5%.Uno de cada cuatro seguiría votando a un partido corrupto que mejora la economía

Entre otros datos, la encuesta ofrece interesantes resultados en cuanto a la reelección de los cargos afectados por corrupción. Así, preguntados por el supuesto de que el partido al que se desea votar se viese afectado por algún caso, pero, al mismo tiempo, hubiese tomado medidas para mejorar la situación económica, el 26'8% admite que lo seguiría votando. Un 40'6%, en cambio, sí lo castigaría y votaría a otro partido, el 12'3% se abstendría y el 12% votaría en blanco.

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Los ciudadanos son críticos también con las medidas de los partidos para acabar con la corrupción. Y, de hecho, el 88'1% cree que las formaciones no hacen nada para ponerle fin. El 66'9% consideran que los nombramientos en la administración no se hacen en función de criterios de mérito o capacidad, el 74'8% afirma que falta transparencia en las decisiones públicas, el 82'9% opina que existe una vinculación estrecha entre políticos y empresarios y el 90'1% que los políticos no dan explicaciones suficientes sobre su gestión.

Preguntados por cuál consideran que es el principal motivo de los candidatos para presentarse a las elecciones, el 31'5% de los encuestados creen que su motivación está en obtener poder e influencia. El 26'4% sí confían en sus buenas intenciones y que deseen defender los intereses de la ciudadanía.

En cuanto a la percepción de la corrupción en la ciudadanía, un 77'5% considera que los catalanes son muy o bastante honestos, frente al 12'2% que cree lo contrario. El 80'4% opina que se cumplen las leyes "mucho o bastante", mientras que el 13'7% afirma que se hace poco o nada.Un 41'3% no denunciaría la corrupción por no poder obtener pruebas

El 63'6% de los encuestados considera que en Catalunya, los funcionarios son muy o bastante honestos y que la corrupción se da sobre todo en la concesión de obras públicas (87'8%), urbanismo (80'9%) y justicia (62'4%).

Sin embargo, pese al rechazo que genera la corrupción, los catalanes no se muestran muy dispuestos a denunciar los casos que puedan conocer. La dificultad para obtener pruebas es la principal razón para un 41'3%. Un 20'9% no lo haría porque lo considera "demasiado complicado) y un 15'1% por las posibles represalias.

El director de la Oficina, Daniel de Alfonso, ha pedido colaboración a la ciudadanía: "Pido que se denuncie. No vale ser hipócritas. La ciudadanía debe saber que atendemos todas las denuncias que se presentan", ha sostenido al presentar la encuesta"La corrupción en Catalunya: percepciones y actitudes ciudadanas".9 de cada 10 defienden que un imputado sea apartado del cargo

Según los resultados, los partidos políticos (85'3%), las entidades financieras (84'3%), los sindicatos (72'9%) y los ayuntamientos (68'4%) son las instituciones donde la corrupción está más extendida. En lo referido a la actividad pública, los ciudadanos creen que la actividad más susceptible de corrupción es la contratación (78'5%), seguido de la concesión de licencias (73'1%), las subvenciones a entidades (67'8%) y la selección de personal (67'6%). Además, un abrumador 91'3% cree que existen grupos de interés que influyen en las decisiones públicas y el 93'7% opina que es necesario regular la actividad de estos grupos. Para un 58'3% de los entrevistados los medios no opinan de forma objetiva sobre los casos de corrupción.

El 65'6% opina que las administraciones públicas catalanas son poco o nada transparentes. En el supuesto de un ayuntamiento se negase a facilitarles una información solicitada, el 39'5% afirma que agotaría todas las vías posibles, el 26'4% pondría una queja y un 19'4% lo denunciaría a través de las redes sociales o los medios de comunicación. Si una institución no proporciona la información que se le pide es, según el 48'3%, porque tiene algo que ocultar. Una gran mayoría, el 92'8%, afirma que el patrimonio y la actividad económica de los cargos públicos tiene que estar controlada por un organismo independiente. Para un 78'8%, la información de sus familiares debería ser también transparente.

El 90'3% cree que los partidos políticos deberían apartar de su cargo a cualquier miembro imputado, hasta que se resuelva la sentencia. Tan sólo un 6'1% apuesta por mantenerlo hasta que exista una resolución judicial y un 2% deja en manos del implicado la decisión.

La encuesta se ha realizado entre 800 personas, mediante encuetas telefónicas, entre el 10 y el 18 de noviembre.