LA ONU ACUSA A ISRAEL DE “DAR LUZ VERDE AL ROBO” DE TIERRAS PALESTINAS

- Califica de “otro clavo en el ataúd” que pretenda legalizar asentamientos judíos en Cisjordania. El relator especial sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios Palestinos ocupados desde 1967, Michael Lynk, denunció este lunes que Israel intenta “dar luz verde al robo” de tierras palestinas con un proyecto de ley que permite la confiscación de terrenos privados al legalizar más de 100 asentamientos judíos ilegales en Cisjordania.
Lynk se mostró “profundamente preocupado” en un comunicado por que el proyecto de ley supondría “un duro golpe a las esperanzas de una paz duradera” en la región, después de que la Knesset (el Parlamento israelí) aprobada el pasado miércoles la primera lectura del proyecto de ley.
“La Knesset no debería dar luz verde al robo cambiando la ley”, apuntó, antes de señalar que la mayoría de los asentamientos judíos “en las profundidades de la Cisjordania ocupada son considerados ilegales bajo la ley israelí”, por lo que “su ‘legalización’ retroactiva será otro clavo en el ataúd para la solución de los dos Estados”.
Lynk indicó que esos asentamientos “socavan el derecho de los palestinos a la libre determinación, violan sus derechos a la propiedad, la libertad de movimiento y el desarrollo, y continúan confinando a los palestinos a cantones más y más pequeños de tierras no contiguas dentro de su propio territorio”.
Este relator especial de la ONU señaló que la aprobación del proyecto de ley permitiría a Israel apropiarse de tierras palestinas privadas en las que se han construido los asentamientos, con lo que regularizará su uso por parte de los colonos israelíes, cuando el derecho internacional prohíbe a la potencia ocupante confiscar la propiedad privada.
“La comunidad internacional debe ser muy clara con el Gobierno de Israel. La anexión del territorio ocupado también sería una profunda violación del derecho internacional. Si Israel procede, la comunidad internacional debe estar preparada no sólo para condenar la acción, sino también para adoptar medidas apropiadas para revertir esas violaciones”, concluyó Lynk.