AMNISTÍA DENUNCIA TORTURAS GENERALIZADAS A DETENIDOS EN CHINA

La tortura y los malos tratos continuaron siendo el año pasado prácticas generalizadas a detenidos y en los interrogatorios en China debido a las lagunas en la legislación nacional, los problemas sistémicos de la justicia penal y la existencia de arraigadas prácticas que dificultaban la aplicación de las normas y los procedimientos, según denuncia Amnistía Internacional (AI).
En su último informe anual, Amnistía Internacional documenta casos de detenidos cuya salud se deterioró mientras estaban privados de libertad y se les negó o no se les facilitó acceso a tratamiento médico.
El pasado mes de diciembre, el Comité de la ONU contra la Tortura formuló de nuevo recomendaciones sobre la necesidad de garantías legales contra la tortura en China, expresó su preocupación por las denuncias sobre acoso de abogados y defensores de los derechos humanos, y lamentó la falta de información estadística sobre la tortura.
Asimismo, instó a las autoridades chinas a dejar de sancionar a los abogados por actuar en consonancia con sus deberes profesionales, y a revocar las disposiciones legales que permitían ‘de facto’ la reclusión en régimen de incomunicación mediante la modalidad de detención conocida como “vigilancia domiciliaria en un lugar designado”.
Por otro lado, Amnistía Internacional afirma que las nuevas leyes relativas a la seguridad nacional redactadas o promulgadas en China el año pasado entrañan “graves peligros” para los derechos humanos.
El informe indica que el Gobierno chino lanzó en 2015 una campaña nacional a gran escala de represión contra los abogados de derechos humanos y que otras personas dedicadas al activismo o a la defensa de los derechos humanos siguieron sufriendo sistemáticamente acoso e intimidación.
Por ejemplo, cinco activistas de los derechos de las mujeres fueron detenidas por haber planeado una campaña contra el acoso sexual con motivo del Día Internacional de la Mujer.
Amnistía Internacional subraya que las autoridades chinas intensificaron el control sobre Internet, los medios de comunicación y el entorno académico; que se multiplicaron las ‘confesiones’ televisadas de personas críticas detenidas para ser investigadas y que siguió reprimiéndose sistemáticamente la libertad de religión.
Así, el Gobierno continuó en la provincia de Zhejiang con su campaña de demolición de iglesias y de retirada de cruces cristianas. Las autoridades de la Región Autónoma Uigur del Sing-kiang, predominantemente musulmana, promulgaron nuevas normativas para controlar de forma más estricta los asuntos religiosos y prohibir todas las prácticas religiosas no autorizadas. Y el Gobierno mantuvo un amplio control sobre los monasterios budistas tibetanos.
Por último, Amnistía lamenta que las estadísticas sobre la pena de muerte en China siguieron considerándose información clasificada como secreto de Estado en 2015.