(AMPLIACIÓN) EL SUPREMO PIDE AL CONGRESO EL SUPLICATORIO DE HOMS PARA INVESTIGAR SI INCURRIÓ EN DESOBEDIENCIA Y PREVARICACIÓN EL 9-N

El magistrado Andrés Palomo del Arco, instructor de la causa abierta contra Francesc Homs en el Tribual Supremo, ha elevado una exposición razonada a la Sala Segunda en la que solicita la tramitación al Congreso de los Diputados del suplicatorio para proceder penalmente contra el diputado y exconseller de Presidencia de la Generalitat de Catalunya, Francesc Homs i Molins, por los delitos de desobediencia y de prevaricación que podría haber cometido por su actuación en la consulta del 9-N de 2014, tras la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional.
El instructor ha notificado una providencia a las partes en la que les comunica que la exposición razonada está a su disposición en la Secretaría de la Sala de lo Penal por si quieren consultarla.
Este jueves, la Sala Segunda ha dictado un auto en el que acuerda dar curso a la petición de autorización al Congreso de los Diputados, como requisito legal previo para dirigir el procedimiento contra el diputado y, en su caso, formalizar la inculpación por parte del instructor del caso. Con este auto, se suspenden por ahora las actuaciones hasta que el Congreso responda a esta petición.
El exconsejero declaróel pasado 9 de septiembre ante el Tribunal Supremo que el 9-N actuó “de forma legal claramente” y conforme a los “mandatos” del Parlament de Cataluña, que eran “muy claros”.
Así se pronunció en rueda de prensa en la Delegación de la Generalitat de Cataluña en Madrid, una vez concluyó su declaración ante el magistrado Andrés Palomo, al que respondió por espacio de dos horas como presunto responsable de los delitos de malversación, prevaricación y desobediencia, relacionados con la convocatoria de la consulta soberanista del 9-N de 2014.
“Lo que hicimos fue evidentemente legal, actuamos a conciencia cierta”, sentenció el portavoz en el Congreso de los Diputados de la antigua Convergència, para agregar que lo que hicieron los responsables de la consulta fue actuar de acuerdo a los “mandatos” del Parlament.
Por ello, en su declaración recordó al magistrado que el 9 de noviembre de 2014 se tomaron decisiones con un mandato del Parlament “muy claro” y con un marco legal “muy claro y muy nítido”, que establece que el Govern “está obligado a facilitar la participación política”.
Asimismo, aseguró que la sentencia de este proceso “ya está dada”, ya que, a su juicio, hay una “actividad gregaria” entre el Gobierno, la Fiscalía y los jueces instructores de esta causa. “Todo apunta a que está configurado un prejuicio en todo esto y que simplemente se tienen que establecer los términos precisos”, aseveró.