Desde ANPE sostienen que la Consejería "se refugia en un argumento baladí, al estimar, para oponerse, que el Plan tiene como finalidad 'evaluar la función sostenida en el tiempo', objetivo que no aparece ni una vez en la Ley 6/2009 que lo regula, ni el Decreto 22/2015 que lo desarrolla".
Y afirman que se obvia que el personal interino "al que se le reconoce el derecho es aquel que encadena contratos curso tras curso, acumulando años de servicios en puestos vacantes, al no facilitarse su acceso como funcionarios de carrera por la no convocatoria de oposiciones".
"El Principado mantiene así un posicionamiento contumaz y rebelde frente a normativa europea de directa aplicación, rayando, según los expertos consultados, en la prevaricación. El asunto es nítido: lo que la legislación europea prohíbe sin ambages, según el Auto, es impedir el acceso al Plan de Evaluación, por su sola condición de interino", añaden desdde el sindicato independiente.
Por ello ANPE llama a la cordura, al sentido común, base de cualquier ordenamiento jurídico. "Oponerse ahora sólo alargará la aplicación efectiva de una medida que no admite interpretación distinta, según dicta el TJUE, y cuyo enconamiento supondrá costes judiciales para los afectados y para la propia administración", concluye el sindicato de enseñanza.
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