ANTICORRUPCIÓN PIDE 16 AÑOS DE CÁRCEL PARA SEIS HIJOS DE RUIZ-MATEO POR ESTAFAR A MÁS DE 4.000 INVERSORES

La Fiscalía Anticorrupción pide penas de 16 años de cárcel para cada uno de los seis hijos del empresario ya fallecido José María Ruiz-Mateos, acusados de realizar una estafa piramidal a través de la empresa familiar Nueva Rumasa, con la que captaron más de 337 millones de euros de 4.100 inversores.
Ruiz-Mateos murió en 2015, pero varios de sus hijos estaban siendo investigados junto a él por la estafa de Nueva Rumasa, grupo empresarial familiar que hizo 13 emisiones de participaciones contra pagarés con las que captó 337 millones de euros, de los que 289 millones desaparecieron de las empresas y fueron objeto de blanqueo de capitales, según el ministerio público.
La investigación se ha llevado a cabo en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. La acusación se dirige por delitos de estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes contra los hermanos Álvaro, Zoilo, José María, Pablo, Francisco Javier y Alfonso Ruiz-Mateos Rivero, así como los también miembros de la familia Zoilo Pazos Jiménez y Alfonso Barón Rivero.
También se actúa contra otros trabajadores y colaboradores del Grupo Nueva Rumasa, entre los que se encuentran Manuel Sánchez Marín, con despacho profesional en Madrid, y José Ramón Romero López, Rufino Romero de la Rosa y Ricardo Álvarez Castaño, estos últimos miembros destacados de la organización en la localidad de Jerez de la Frontera.
Según Anticorrupción, los acusados y el empresario jerezano idearon un sistema de financiación para el Grupo Nueva Rumasa, que pusieron en marcha entre 2009 y 2011 y que implicaba una estructura piramidal que permitía captar fondos de inversores bajo la forma de préstamos retribuidos con altos intereses, cuya devolución se garantizaba mediante pagarés y otros efectos emitidos y avalados por sociedades del grupo.
Estas inversiones se publicitaban en los medios de comunicación “con un gran despliegue de información visual, ocultando siempre a los inversores la verdadera situación económica de todo el grupo empresarial”, que impedía a la empresa hacer frente al cumplimiento regular de sus obligaciones.
Los fondos, según indica Anticorrupción, “fueron redirigidos a una caja única en una sucursal del banco Etcheverría en Madrid de la que los acusados disponían en función de las necesidades del holding empresarial, incluidos los cuantiosos gastos de índole personal del clan familiar”. Se desconoce el destino último de, al menos, 82 millones de euros que los acusados retiraron en efectivo de las cuentas bancarias.
La acusación también se dirige por un delito de alzamiento de bienes contra los hermanos Ruiz-Mateos y los presuntos testaferros Ángel de Cabo, Fernando Juan Lavernia e Iván Losada.
Tras las emisiones de pagarés, los Ruiz-Mateos supuestamente vendieron las empresas del holding Nueva Rumasa a estos testaferros para controlar los concursos de acreedores de las sociedades emisoras y salvaguardar en lo posible el patrimonio personal de la familia. De Cabo y Losada ejercieron también como testaferros del expresidente de la patronal CEOE Gerardo Díaz Ferrán en la descapitalización de Viajes Marsans.