MADRID. EL AYUNTAMIENTO PREPARA UN MECANISMO PARA EVALUAR LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

La delegada del nuevo Área de Políticas de Género y Diversidad del Ayuntamiento de Madrid, Celia Mayer, afirmó este miércoles que el Gobierno municipal creará pronto un mecanismo específico para evaluar la aplicación efectiva de la igualdad entre hombres y mujeres en la ciudad.
Lo hizo en la mesa política de la jornada que se celebra hoy sobre el décimo aniversario de la Ley de Igualdad en el Palacio de Cibeles, en la que debatió con concejalas de los otros tres grupos municipales. Mayer destacó que la Ley de Igualdad tuvo un gran consenso social, con la excepción del PP, aunque su aplicación práctica sigue sufriendo resistencias, y que tuvo un gran reconocimiento internacional por ser una innovación que hizo de España un referente.
Resaltó el permiso de paternidad y la discriminación por razón de sexo y que es una ley integral, que no trata el tema como algo público. Pero denunció que le ha faltado desarrollo reglamentario y dotación presupuestaria y ha “sufrido retrocesos”, aunque sea “un buen marco normativo”.
Seguidamente, se centró en su aplicación municipal comentando el carácter de transversalidad que impuso a la igualdad, aunque necesitara un respaldo de una institución como el Ministerio en su momento y el Área de Gobierno municipal que preside en la actualidad. Admitió que en Madrid queda muchísimo por avanzar, y para ello aseguró que hay que "institucionalizar" la igualdad, dotarse de un mecanismo específico para evaluar su aplicación. El Ayuntamiento, aseguró, creará pronto un protocolo de este tipo.
Respecto a la acción del Gobierno municipal, esgrimió que las empresas contratadas por el Ayuntamiento tengan que prometer medidas de igualdad. Y terminó propugnando la corresponsabilidad entre instituciones y empresar para promover la conciliación.
"MERA DECLARACIÓN DE INTENCIONES"
La portavoz de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del PP, Beatriz Elorriaga, reconoció que la Ley de Igualdad “se trabajó con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, para hacer justicia a las mujeres”, que “dio un paso adelante” y que “aporta novedades”, pero le reprochó que “resultó insuficiente” por ser “poco imperativa” y no estar “respaldada por un presupuesto”, por lo que se limitó a “una mera declaración de intenciones” que “ no concretaba todo lo que debía” y “confiaba mucho en la buena voluntad de los actores”.
Además, defendió que la igualdad se entienda como algo transversal en la política, sin dedicarla un área o Ministerio determinado, y dio prioridad a la educación, sobre todo a las propias niñas, para que sepan que pueden realizar cualquier profesión, y recordó a las mujeres con discapacidad como potenciales víctimas de una doble exclusión.
Por su parte, la portavoz de Economía y Hacienda del PSOE, Érika Rodríguez, justificó que todas las leyes se quedan cortas en el momento en que se promulgan, y defendió que gracias a la ley se creó un nuevo discurso social que hace que haya cosas que España ya no tolera. Y echó en cara al PP que la crisis se utilizó como excusa para recortar derechos haciendo de las mujeres las principales víctimas por subordinar el ámbito privado al mercado.
Además, denunció que desde la política hay que seguir promoviendo iniciativas para atacar la cultura que permite cosas como la prostitución, la trata sexual y el consumo de pornografía, que revelan a su juicio que a la mujer se la sigue contemplando como un producto de consumo.
Finalmente, la portavoz de Cultura de Ciudadanos, Sofía Miranda, abogó también por la educación y pidió la colaboración de los hombres, como padres, para implicarse en el cuidado de los niños. Reveló por ejemplo que el porcentaje de mujeres en paro aumenta a medida que tienen más hijos y la gran diferencia entre la petición de excedencias para cuidar a los hijos entre hombres y mujeres. Respecto a Madrid, observó que las mujeres tienen más paro que los hombres y que proporcionalmente están en un riesgo mayor de exclusión y pobreza.
COLOQUIO
En el coloquio posterior a sus intervenciones, Elorriaga reconoció que no todos los miembros de un partido piensan lo mismo cuando se le echaron en cara algunas de las posiciones que ha adoptado el PP en materia de igualdad de género y rechazó los maniqueísmos. Miranda, ante el mismo reproche, también se quejó de tener que demostrar ante otras feministas que ella es feminista por el hecho de militar en Ciudadanos. Por último, Mayer fijó como plazo el fin de la legislatura para aclarar la labor y estatuto específico de la Red municipal de Agentes de Igualdad.
Antes de la mesa política, Elisa García, representante de UGT que negoció la Ley de Igualdad, subrayó que el 75-80% de ésta se dirigió al ámbito laboral, donde marcó “un antes y un después”, hasta el punto de modificar 27 textos legales de este tipo, porque, según dijo, la patronal “no quería ni oír hablar de la igualdad” ni del permiso de paternidad, y querían dejar estos aspectos a la responsabilidad social de las empresas.
También destacó que sólo a partir de 2007 empezó a haber estadísticas laborales disgregadas por sexos, para detectar dónde las mujeres están sobrerrepresentadas y dónde infrarrepresentadas. Gracias a la ley en los años siguientes se incrementó un 2% la tasa de actividad femenina y disminuyó la de temporalidad y la brecha salarial, y la ley sirvió de colchón para amortiguar los efectos de la crisis. Por último, indicó que desde entonces se abrieron las inspecciones en materia laboral y de acoso en el trabajo. De cara al futuro, instó a mejorar la dotación presupuestaria de la ley.