MADRID. EL AYUNTAMIIENTO APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA OFICINA ANTIFRAUDE CON LA OPOSICIÓN DE PP Y CIUDADANOS

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó hoy el reglamento de la Oficina Antifraude con los votos favorables de Ahora Madrid y el PSOE, que han recibido críticas desde la bancada de Ciudadanos y Partido Popular, ya que aseguran que será una “policía política” contra los funcionarios.
El objetivo de esta institución será el de prevenir e investigar la corrupción entre los empleados públicos, explicó el tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente. En cambio, Ciudadanos entiende que se trata de una “estigmatización y un señalamiento de corrupto” hacia los empleados públicos.
“Esto nos recuerda a la Ley Seca en los años 20, cuando entraba la policía buscando alcohol. Ahora entra la Oficina Antifraude buscando fraudes”, criticó la concejala de C’s Silvia Saavedra, quien mantuvo la posición más crítica hacia este organismo.
Por su parte, el concejal Percival Manglano, del PP, acusó a la alcaldesa, Manuela Carmena, de crear un “sheriff” para que sea su “brazo ejecutor” contra los funcionarios, al tiempo que alertó de que provocará “denuncias anónimas” que resultarán en “falsas denuncias” entre funcionarios.
La portavoz del PSOE, Purificación Causapié, puso de relieve el “problema real con la corrupción” que existe en los ayuntamientos, algo que evidencian “tramas como Gürtel o Púnica”. A su juicio, “estos casos no se habrían producido o podríamos haberlos atajado antes” con esta oficina.
Mauricio Valiente aseguró en la Comisión de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, preceptiva antes de la aprobación en el Pleno de hoy, que “ayudará en la recuperación de la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones”, ya que supone un mecanismo que fortalecerá “la ética en la función pública”.
Su director será elegido por “una mayoría cualificada” del Pleno municipal y tendrá competencias para investigar el trabajo de cualquier empleado público. Además, los funcionarios podrán realizar denuncias anónimas para que el organismo anticorrupción inicie las pesquisas necesarias, lo cual genera preocupación entre algunos sindicatos, como CSIF.