Según ha alertado, más de la mitad del cobalto que se produce en el mundo, necesario para fabricar las baterías de los vehículos eléctricos, procede de la República Democrática del Congo, y, en este país, una de cada cinco toneladas que se extraen implica el trabajo de niños de hasta 7 años, según las conclusiones del informe 'This is what I die for' de la organización.
Además, recuerda que las condiciones en que se realiza el trabajo de extracción son, en muchos casos, "deficientes" desde el punto de vista de la seguridad para los trabajadores, niños y adultos.
AI ha lanzado este aviso coincidiendo con la celebración del Salón del Automóvil de Paris, feria en la que está previsto que se presenten nuevos vehículos de varias marcas impulsados únicamente por energía eléctrica.
Según indica, el riesgo de que parte del cobalto extraído por niños forzados a trabajar termine formando parte de los coches eléctricos es "considerable" por lo que indican que "tal vez los automóviles eléctricos no sean tan limpios como se cree".
SE PRESENTAN COMO UNA OPCIÓN ÉTICA
"Estos vehículos se presentan como una opción ética para los conductores y conductoras concienciados con el medio ambiente y con los problemas sociales, así que las empresas que los fabrican deben jugar limpio y demostrar que han ejercido la diligencia debida a la hora de obtener sus suministros", reivindican desde Amnistía Internacional.
Para la organización, existe una "carencia de transparencia" en el sector del coche eléctrico, habida cuenta de que "ninguna empresa ha podido demostrar" que cumple la directriz de la OCDE que pide a las empresas que utilizan cobalto extraído en áreas de alto riesgo que identifiquen sus talleres de fundición y refinería, y den a conocer la forma que tienen de asegurarse que estos "ejercen la diligencia debida, e identifican y combaten peligros en materia de Derechos Humanos y abusos contra los Derechos Humanos".
"Es fundamental que divulguen información en cantidad suficiente sobre los peligros y abusos que detecten en materia de derechos humanos", subraya AI.
Además, pide a los gobiernos que aprueben leyes para obligar a las empresas a comprobar esta información y a divulgarla y pone como ejemplo el proyecto de ley ratificado por la Asamblea Nacional francesa para exigir a las grandes empresas la actuación en materia de prevención de abusos contra los Derechos Humanos.
"Sin una legislación que imponga, obligatoriamente, la diligencia debida en materia de derechos humanos, las empresas seguirán eludiendo el asunto y beneficiándose del trabajo infantil y de otros abusos", advierte Aministía Internacional.
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