La Fiscalía Anticorrupción considera que la juez María Núñez Bolaños no ha "cercenado" la causa relativa a las presuntas irregularidades en los avales y préstamos concedidos por la agencia IDEA al acotar la investigación a 18 empresas, ya que entiende que con esta decisión se ha limitado "a dar impulso al avance de la investigación".
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público se opone así al recurso presentado por el PP contra el auto de 2 de marzo en lo referente a la decisión de la magistrada de acotar dicha investigación a un total de 18 empresas al entender que el auto "se limitaba a dar impulso al avance de la investigación y no a cercenar la investigación en los términos que se sugieren" por parte del PP.
En su auto, la juez reclamó a la agencia IDEA los expedientes de las empresas que pudieron "simultanear" las ayudas sociolaborales o a empresas investigadas en los ERE con ayudas públicas de "salvamento o reestructuración" a través de avales o préstamos que concedía la propia IDEA en virtud de las competencias delegadas por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
No obstante, la Fiscalía sí entiende que el recurso del PP debe admitirse parcialmente en relación a la decisión de la instructora de no incorporar a las actuaciones el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre los recursos y aplicaciones de fondos de la agencia IDEA, pues considera que este informe "debe ser incorporado desde este momento a las actuaciones, por ser pertinente, útil y necesario para la averiguación de los hechos que constituyen el objeto de investigación de este procedimiento".
En cuanto a la acotación de la investigación realizada por la magistrada, recuerda que el PP recurrió el auto al entender que "las irregularidades con trascendencia penal en la concesión de ayudas en forma de avales en garantías de préstamos van más allá de la simple simultaneidad de ayudas de salvamento y ayudas de reestructuración y/o de ayudas sociolaborales o a empresas".
Frente a ello, la Fiscalía dice que el "énfasis" de la juez en "señalar" en su auto tales irregularidades como objeto de investigación "no significa que la presente investigación deba quedar constreñida únicamente a estos concretos extremos", ya que lo se indaga "es el uso del paraguas formal de los avales como medio para inyectar fondos públicos de manera continuada y presuntamente ilícita en favor de determinadas empresas".
"HACER AVANZAR EL PROCEDIMIENTO"
"El hecho de que en el auto recurrido se acuerde que, en primer lugar, se averigüe qué empresas de entre las beneficiarias de un aval de salvamento o reestructuración han sido también beneficiarias de otros avales de salvamento o reestructuración o de otras ayudas sociolaborales o de empresas, no supone excluir de la investigación el resto de irregularidades que se pudieren haber cometido presuntamente en la concesión de este tipo de ayudas públicas", argumenta.
De este modo, entiende que, "con esa decisión, lo que pretende la magistrada instructora es hacer avanzar el procedimiento, y no excluir de la investigación las restantes irregularidades que ya se han puesto de manifiesto" en el oficio de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y en el informe de cumplimiento de la Intervención General de la Junta relativo a la actividad de la agencia IDEA del año 2009.
"Si se hubiera acordado en dicho auto la exclusión de esas otras irregularidades, a buen seguro que el fiscal hubiera recurrido dicha resolución, lo que no ha hecho por entender que el auto simplemente se limita a dar impulso al avance de la investigación y no a cercenar la investigación en los términos que se sugieren por el recurrente", pone de manifiesto Anticorrupción.
A su juicio, la juez tampoco ha excluido de la investigación los denominados avales 'excepcionales' o 'propios', que eran los concedidos por IDEA como instrumento genérico para el cumplimiento de su finalidad de promoción y desarrollo de la actividad económica en Andalucía, pues, insiste, el auto de 2 de marzo "no restringe el objeto de la causa, sino que se limita a ordenar el avance de la investigación".
PIDE DECLARAR COMPLEJA LA CAUSA
En un segundo escrito elevado al Juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía pide a la juez que declare la causa de especial complejidad, lo que permitiría a la magistrada disponer de 18 meses para finalizar la instrucción en virtud de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que fija los plazos de la instrucción para las causas sencillas y complejas.
Y es que, según expone el fiscal, "es razonable pensar que la fase de instrucción no va a poder completarse antes del 6 de junio de 2016", fecha en la que se cumplen los primeros seis meses desde que entró en vigor de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que impuso plazos en la instrucción.
En esta línea, el Ministerio Público expone que la causa "tiene por objeto numerosos hechos punibles, es previsible que llegue a involucrar a gran cantidad de investigados, precisa de la aportación de abundante documental amén de la ya aportada --ya se acumulan casi 30.000 folios aparte de la abundante documental contenida en CD y DVD-- y, además, exige la realización de pericial de notable complejidad, como es la encomendada a la Intervención General del Estado".
Para finalizar, solicita a la juez la práctica de una serie de diligencias "a efectos de impulsar el avance de la investigación", como por ejemplo oficiar a la agencia IDEA para que elabore un cuadro-desplegable donde se especifique la empresa beneficiaria, si cada uno de los avales tiene la condición de 'aval propio' o de 'aval reglado', fecha de resolución de concesión, órgano que aprobó la concesión, importe aprobado y formalizado, fecha de constitución de la contragarantía o su fecha de formalización.
Asimismo, insiste en que se una a la causa el informe de fiscalización de los recursos y aplicaciones de fondos de IDEA de 2012 elaborado por la Cámara de Cuentas de Andalucía.
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