En un comunicado remitido por Aqualia a Europa Press, se hace constar que al respecto de las declaraciones que la alcaldesa ha realizado este mismo jueves sobre "una supuesta campaña de cortes" la empresa quiere aclarar que "no entiende que la alcaldesa haga estas declaraciones" cuando existe en poder del Ayuntamiento un escrito con registro de entrada del pasado miércoles, 10 de agosto, en el que atendiendo a los requerimientos que ella misma hizo, Aqualia "se compromete a colaborar, como habitualmente hace, con los servicios sociales municipales".
Desde Aqualia han asegurado que facilitarán la información necesaria para analizar previamente la situación concreta de cada familia para que "nadie que realmente tenga dificultades económicas se vea perjudicado" por la deuda que mantiene con el Servicio Municipal de Aguas.
La empresa de gestión de aguas ha recordado que en ningún momento ha realizado cortes a familias que, según el criterio de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, no pueden pagar el agua. Siguiendo el procedimiento acordado, los listados de cada campaña de corte se han facilitado "con semanas de antelación al corte", siendo los servicios sociales los que han identificado a las familias a las que no se debe cortar el agua por criterios marcados por los propios servicios sociales.
Según la firma de suministro de agua, hay que destacar que en los últimos meses, debido al "escaso e incluso nulo contacto por parte del Ayuntamiento" hacia la empresa, "no nos han indicado nada al respecto, paralizando de este modo nuestra gestión", pues al no conocer los datos de las familias olontenses y con el fin de no perjudicar a familias necesitadas, ha visto agravada la deuda de impagado.
Dado que en septiembre Aqualia ya no prestará servicio en Gibraleón, la empresa ha propuesto al Ayuntamiento que la deuda pendiente derivada de impagos, sean estos por dificultades económicas o no, se deduzca de la liquidación que se practique a la finalización del contrato.
"UNA PATALETA"
Según la empresa es necesario aclarar que la decisión de realizar una campaña de corte no viene dada, como manifiesta la alcaldesa, por "una pataleta" antes de dejar de prestar servicio, sino que se trata de una actividad rutinaria de todo Servicio Municipal de Aguas y estaba programada y comunicada a la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa antes de que se celebrase el pleno del 29 de julio en el que el Ayuntamiento, "sin notificación previa de ninguna clase a Aqualia", decidió cambiar de modelo de gestión.
En relación a las razones de este cambio en la gestión del agua que Lourdes Martín ha argumentado durante una rueda de prensa este jueves, desde Aqualia quieren hacer constar que "la empresa no ha pagado el citado canon porque está en discrepancia con las exigencias económicas del Ayuntamiento", que no corresponden con el tipo de contrato vigente entre ambas partes.
Desde Aqualia han asegurado que en cuanto se disipen "estas discrepancias se abonará lo que por derecho corresponda y no lo que unilateralmente se quiera imponer por parte del consistorio.
Según la empresa de aguas el primer plazo del alquiler de la oficina --nueve meses a razón de 985 euros al mes-- fue satisfecho por Aqualia en el tiempo y forma establecidos por el propio Ayuntamiento el pasado 28 de julio, por lo que no es cierto que no se haya pagado. El resto de plazos "se seguirán pagando en tiempo y forma".
La empresa también discrepa en cuanto a las inversiones que Aqualia ha ejecutado en infraestructuras del Servicio Municipal de Aguas de Gibraleón ya que "superan con creces los 40.000 euros, como se reflejará en el informe final que se entregará a la liquidación del contrato".
En cuanto a la sustitución de redes "no es competencia de Aqualia", que es responsable del mantenimiento de las mismas, pero no de la reposición. En cambio la empresa sí ha registrado oficialmente informes técnicos en el Ayuntamiento en los que alertaba del estado de las tuberías de las citadas calles proponiendo que llevase a cabo la inversión correspondiente para su renovación integral --fuera ejecutada por Aqualia o cualquier otra empresa--.
En cuanto a las declaraciones respecto a que los precios vigentes en el servicio son "irreales" y la supuesta intención de Aqualia con ello de "atar al municipio durante 25 años a la gestión privada" para la empresa es de relevancia recordar que, tal como establece la ley, "las tarifas de los servicios municipales de agua las fijan siempre el los ayuntamientos, no las empresas".
Según han señalado desde Aqualia, esto no sucederá a partir de septiembre cuando el Ayuntamiento se integre en la MAS, donde su "voz y voto pasarán a diluirse" entre los otros 65 municipios, "condicionando sus tarifas a lo que otros decidan".
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