El presidente del REA-REGA --la corporación mayoritaria de auditores de España--, Carlos Puig, ha advertido de que "políticos, instituciones y reguladores no se han concienciado lo suficiente en España" sobre el problema de la concentración en el sector.
En una entrevista con Europa Press, coincidiendo con la jornada de auditores que ha organizado en Santiago el Consello Galego de Economistas, Puig se ha mostrado favorable a la "apertura del mercado", puesto que hay "una concentración muy grande" con siete compañías que tienen en torno al 70% del negocio de auditoría de cuentas. "Esto no es bueno", ha advertido.
De hecho, uno de los objetivos de la reforma de la directiva y el reglamento europeos fue, precisamente, avisar del "riesgo sistémico" por esta circunstancia, ya que cuatro auditoras --Deloitte, PwC, KPMG y Ernst & Young-- concentran la mayor parte del mercado.
"Durante muchos años ha habido un proceso de concentración y ahora tiene que haber un proceso a la inversa: no es que se vayan a escindir, pero compañías medianas tienen que intentar poco a poco coger un papel más relevante para que el mercado se abra", ha destacado el presidente del REA-REGA.
FIRMAS MEDIANAS
Esta corporación de auditores confiaba en que la nueva ley de auditoría --de 2015-- "hubiese sido un poco de ayuda" para introducir más competencia en el sector.
No obstante, según ha expuesto Puig, medidas como la posibilidad de la coauditoría no han funcionado, al establecerse que esta alargase el plazo de contratación a las entidades de interés público en cuatro años (y no los 14 a los que se puede llegar en Europa). "Nadie va a hacer coauditoría por alargar cuatro años", ha evidenciado.
Así, además del "problema de concienciación", ha resaltado que "el mercado ha de conocer que en el sector hay una serie de firmas", de tamaño mediano, "que sí pueden acceder a estos retos e ir incrementando 'target".
Para Carlos Puig, "otro de los aspectos muy importantes" en los que trabajar es en "atraer el talento" de jóvenes, algo para lo que ha abogado por que "la legislación de entrada no sea tan restrictiva". "Al ver que es muy complejo, los estudiantes se van a consultoría o a asesoría fiscal", ha apuntado.
"EL ESLABÓN DÉBIL"
Sobre la imagen de los auditores, y el impacto de casos de relevancia mediática durante la crisis, como Pescanova y Bankia, ha lamentado que "el problema es que cuando hay un tema que sale en la prensa --el auditor-- es el eslabón débil".
"Siempre es cargar contra el auditor y decir cosas como 'dónde estaban los auditores'. Contra esto tenemos que luchar", ha subrayado, antes de defender que el nivel de auditoría en España "no tiene nada que envidiar a países equivalentes" de su entorno.
Algo que ha tratado de justificar con datos: si anualmente se realizan unos 60.000 trabajos de auditoría, los expedientes al año se sitúan en un promedio de 10, y son hasta 50-60 incluyendo otros relacionados con la independencia.
Hay casos que suenan, pero, según ha reiterado, "son mínimos", y si la directiva europea se ha reformada "no ha sido por España" sino que el cambio vino derivado de la actividad de bancos principalmente en Inglaterra.
Continuando con las cifras, ha llamado la atención sobre que en el conjunto estatal son unas 1.500 las compañías de interés público, pero de ahí a los 60.000 trabajos, la mayor parte de ellos se corresponden con empresas de tamaño y pequeño.
"En Europa se ha intentado reforzar la transparencia y la eficacia de las auditorías de interés público, porque tienen un efecto muy importante en la sociedad (...) Si solo se hacen 1.500 trabajos de entidades de interés público, el resto son otras. En España el 60% del PIB privado proviene de microempresas y pymes", ha argumentado.
Acerca de Pescanova, ha indicado que está en proceso judicial "y luego actuará el regulador", de forma que "si el auditor no ha hecho una actuación correcta se le tendrán que aplicar las medidas, ya sean en el tribunal o las del supervisor de la actividad". "Las que correspondan", ha incidido.
CAMBIOS EN LA LEY
Otra de las metas que se fija la corporación para la nueva legislatura es "intentar solucionar" algunos aspectos de la nueva ley, "que no son muchos", pero que a los auditores no les parecen "convenientes".
Se refieren a cuestiones de independencia, por un régimen "que cuesta un poco cumplir" y a las "muchas exigencias" que se han puesto al informe de auditoría de compañías que no son de interés público. "No va a ser entendido ni por los usuarios ni por la banca que tiene que dar préstamos", ha advertido.
Por último, ha apostado por "colaborar más" las corporaciones profesionales con el regulador, ya que entiende que sería una actuación "deseable".
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