Así lo ha asegurado este viernes la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, quien ha detallado que en la demanda solicitan de forma subsidiaria "cuatro cosas", en todas ellas "la anulación total o parcial" de un contrato que "no tiene razón de ser".
Higueras ha indicado que el contrato "obliga hasta 2022" a abonar los 60.000 euros mensuales. Mientras que dure el juicio, el Consistorio abonará el monto de la renta en el propio juzgado, en lugar de hacerlo a la compañía.
"Queremos anularlo porque es una donación encubierta; si nos dijeran que no es así, lo anularíamos por falta de motivación y de causa, porque no tiene sentido hacer un contrato que no lleva a nada", ha expresado.
En caso de que esa vía tampoco sea aceptada, solicitarán la "anulación parcial" porque "la mitad de la instalación está en obras". "La cantidad que abonamos no tiene ninguna razón de ser, queremos que se anule; no hemos llegado a un acuerdo con Merca Ocio y acudimos a los tribunales", ha argumentado.
Como ha adelantado 'El País', el acuerdo que el Consistorio ve lesivo se firmó cuando la máxima responsable de Mercamadrid era la actual delegada del Gobierno, Concepción Dancausa (PP). La Fiscalía de Madrid denunció en abril por "delito societario" en relación con estos hechos a Dancausa y a otros 15 responsables de Mercamadrid y Mercasa.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios