Esta decisión obedece a que esta instancia declaró la caducidad del procedimiento sancionador incoado por el Ayuntamiento capitalino el 3 de diciembre de 2012 por posible incumplimiento de obligaciones contractuales.
El concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, manifestó en una nota, sin embargo, que este hecho "solo supondrá un retraso" y agregó que ya se han dado instrucciones al servicio para que inicie un nuevo expediente penalizador por los mismos hechos, que podría llegar hasta los 450.000 euros, ya que la infracción cometida está tipificada en los pliegos como muy grave.
El edil argumentó que el Ayuntamiento tenía la posibilidad de recurrir el auto o la de reiniciar este expediente sancionador, pero se ha optado por la segunda vía porque, ahora, incluso, dispone de más elementos de valoración de los que había hace algunos años.
"Esta sanción obedece a que la empresa no solicitó autorización al Ayuntamiento para poder realizar subcontrataciones. Eso es lo que todavía le podemos seguir reclamando y es lo que vamos a iniciar nuevamente. Los 450.000 euros del procedimiento anterior aún no se han perdido", aseguró el concejal.
Arteaga explicó que, en su momento, los técnicos de los servicios jurídicos del Ayuntamiento "optaron por instruir el expediente sancionador mediante un procedimiento de imposición de penalidades como una incidencia del procedimiento de contratación no sujeto a plazo de caducidad".
Según el edil, "el juzgado ha fallado que el expediente ha de tramitarse como si se tratase de un procedimiento administrativo ordinario, y ahora se reanuda este expediente penalizador en los términos correctos para que pueda aplicarse y cumplirse".
Este dato, según manifestó Arteaga, "solo confirma que el Ayuntamiento sigue los criterios que adoptan los técnicos a nivel jurídico y que el procedimiento judicial, en su resolución, aclara ahora cómo hay que hacer las cosas por lo que el cobro de la sanción solo ha sufrido un retraso".
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