El TS dictó sentencia en noviembre de 2015, en la que se anulaba el Plan General y se alegaba, entre otros motivos, que no estaba suficientemente justificada la no aplicación de la evaluación estratégica ambiental, al haberse aprobado el plan un año después de que se declarase la inviabilidad de someterse a esa evaluación.
El ayuntamiento considera que esa resolución contiene una fundamentación errónea, porque no tiene en cuenta que el Plan se aprobó definitivamente (salvo una pequeña parte) tan solo mes y medio después esa declaración de inviabilidad. Por ello, solicitó que se realizase esa corrección y, al no tener éxito, promovió un incidente de nulidad, que fue igualmente rechazado por una providencia de enero de 2016.
En el escrito presentado ante el Constitucional se señala que la providencia del TS que rechazó el incidente de nulidad vulnera el derecho de tutela judicial efectiva, en su variante de derecho de acceso al recurso, del Ayuntamiento, porque no especifica los motivos por los que es inadmitida esa petición, entre otras cosas.
Por ello, el ayuntamiento vigués pide al TC que le otorgue amparo y anule la providencia del Tribunal Supremo de enero de 2016. Asimismo, reclama "retrotraer las actuaciones" al momento previo a producirse esa inadmisión del incidente de nulidad, para que el TS dicte una resolución "respetuosa con el derecho fundamental vulnerado".
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