La presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), Emelina Fernández, ha defendido la necesidad de reforzar las acciones de cooperación entre la autoridad audiovisual estatal y las autonómicas para una eficaz defensa del pluralismo político y la lucha contra la violencia de género en los medios públicos.
En la segunda Jornada de Cooperación entre las autoridades audiovisuales autonómicas celebrada este martes en Madrid y convocada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CMNC), Emelina Fernández abogó por que la supervisión del principio de pluralismo político tanto en RTVE como en el resto de televisiones públicas autonómicas se realice conforme a los procedimientos desarrollados en el resto de países de nuestro entorno, y que son los que el CAA viene aplicando en la comunidad autónoma andaluza desde hace ocho años.
Dentro de la labor que realiza el CAA para cumplir con su función en este ámbito, se encuentran, según se indica en un comunicado, los informes periódicos sobre pluralismo político en las televisiones públicas andaluzas, para los que utiliza una metodología cuantitativa análoga a la utilizada en los países de la Unión Europea. Estos informes, que se elevan anualmente al Parlamento andaluz, miden los tiempos de palabra de los actores políticos en las cadenas de televisión públicas andaluzas, diferenciando los roles institucionales o de partido que les corresponden en cada caso para comprobar el grado de pluralismo.
La presidenta del CAA explicó que la autoridad andaluza ha adoptado como valores de referencia un máximo del 60 por ciento del tiempo de voz para el gobierno y los grupos políticos que componen la mayoría parlamentaria o plenaria, un 35 por ciento como mínimo de tiempo de palabra a la oposición, y un cinco por ciento a los partidos sin representación institucional.
Para asegurar la eficacia de la labor de las autoridades audiovisuales, Emelina Fernández considera que éstas deberían disponer de instrumentos de intervención para que, en el caso de "incumplimientos flagrantes" de pluralismo, "pudieran obligar a las cadenas a realizar compensaciones de tiempo hasta restablecer el equilibrio perdido", sin necesidad de llegar a la sanción pecuniaria.
Además, la presidenta recordó que el CAA ha instado a los ayuntamientos andaluces a que adopten un modelo eficiente de gestión de los medios públicos que fomente los valores democráticos y la transparencia, desde la propia composición de los órganos de dirección, y de representación política y social. Así mismo, para garantizar la independencia de los periodistas frente a presiones internas y externas, el Consejo recomienda que se doten de estatutos y se constituyan consejos y comités de redacción que garanticen un ejercicio libre e independiente de la profesión en los medios públicos.
ACTUACIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
En la jornada de coordinación se abordó también el tratamiento informativo de la violencia de género en los medios audiovisuales. La presidenta del CAA expuso las acciones de seguimiento pormenorizado, tanto cualitativo como cuantitativo, que desarrolla la autoridad andaluza sobre el tratamiento que los medios de comunicación audiovisuales otorgan a la violencia de género como asunto de actualidad informativa.
El CAA ha constatado en numerosas ocasiones una vulneración de los derechos fundamentales de las víctimas y de sus familias, y que, bajo el pretexto de satisfacer el derecho a la información de la ciudadanía, explotan impunemente el sufrimiento con fines comerciales o para conseguir una mayor audiencia.
La delegada del Gobierno para la violencia de género, María José Ordóñez, ha anunciado la elaboración de unas recomendaciones dirigidas a la profesión periodística análogas a las recogidas en la Guía para el Tratamiento Informativo de la Violencia de Género, que el CAA elaboró a final de 2015, al objeto de sensibilizar a los medios de comunicación sobre esta delicada problemática. La presidenta del CAA ha trasladado al resto de representantes de comunidades autónomas presentes en la reunión el contenido de las recomendaciones recogidas en la guía sobre buenas prácticas para un correcto tratamiento de este tipo de informaciones, dirigidas primordialmente a periodistas y profesionales de la comunicación.
La violencia de género es la consecuencia más grave del machismo y de las desigualdades entre hombres y mujeres que sufre la sociedad, por ello estas informaciones son complejas y su tratamiento debe evitar rutinas periodísticas que conduzcan a tratar cada caso como hechos aislados o como sucesos. La violencia de género es un problema de Estado y como tal debe ser tratado cada caso del que se informe.
Emelina Fernández compareció el pasado 9 de mayo ante la Subcomisión Especial del Congreso de los Diputados por el Pacto contra la Violencia de Género, en la que manifestó la necesidad de que los medios de comunicación se incorporen a éste y formen parte activa de él porque les corresponde un papel esencial en la erradicación de este problema. El 95% de la población conoce de la violencia de género por los medios de comunicación, por lo que resulta esencial el enfoque con el que se traten estas informaciones.
PREOCUPACIÓN POR LA PUBLICIDAD DEL JUEGO Y LAS APUESTAS
La última cuestión abordada en esta jornada de cooperación de las autoridades audiovisuales autonómicas ha sido la publicidad del juego en los medios audiovisuales. Tras la elaboración de un exhaustivo informe sobre las comunicaciones comerciales que se están realizando en este sector, el CAA ha mostrado su preocupación por la publicidad del juego y apuestas online que se emiten en radio y televisión, puesto que expone a los menores y los incita a realizar una actividad que sin embargo les está vetada y que entraña serios riesgos de adición.
El CAA ha constatado que el 96 por ciento de las comunicaciones comerciales de juego en radio se insertan en el discurso narrativo, por lo que no son fácilmente identificables ni reconocibles como tales.
En este contexto, la autoridad audiovisual andaluza emitió alegaciones al proyecto de Real Decreto de comunicaciones comerciales de juego responsable que se encuentra todavía pendiente de aprobación. Emelina Fernández recordó que la publicidad del juego y apuestas requiere medidas análogas a las que rigen para la de las bebidas alcohólicas y el tabaco. La protección de la salud pública en este caso es asimilable a la que se demanda en relación con otros consumos susceptibles de generar una adición patológica.
El principio de prudencia y primacía del interés del menor requiere una regulación prescriptiva y limitativa en la que se establezcan condiciones y prohibiciones específicas en aras a la protección de los colectivos más vulnerables, especialmente los menores de edad.
Para la presidenta del CAA, es urgente establecer un marco jurídico de obligado cumplimiento, entre otras razones porque en los últimos años, según la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados, el número de menores que acuden con sus padres a sus centros de rehabilitación en busca de ayuda por esta adición ha aumentado en más de un 60 por ciento.
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