CATALUÑA. LA ANC PIDE DONACIONES PARA HACER FRENTE AL EMBARGO DE 246.000 EUROS

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha pedido aportaciones económicas a sus socios, simpatizantes y personal para hacer frente a la multa de 246.000 euros que le ha impuesto la Agencia de Protección de Datos por realizar, junto a Ómniun Cultural, una encuesta sobre la independencia en la que preguntaban la ideología a los encuestados.
Esta sanción fue dada a conocer este jueves en Twitter por el presidente de la ANC, Jordi Sánchez, quien aseguró que el Estado quiere “liquidar” su entidad por impulsar el proceso secesionista catalán.
En este sentido, la ANC envió esta tarde una “comunicación interna” a sus socios, simpatizantes y personal, en la que les informa del embargo y de cómo responderá la organización.
En esta comunicación, a la que ha tenido acceso Servimedia, esta asamblea dice a su entorno que “la mejor manera de ayudar para minimizar el embargo y reforzar la ANC es haciéndose socio”, pero quien ya lo sea o quien lo prefiera también pueden “hacer una aportación”. “Todos los recursos recaudados irán directamente a agrandar la campaña para ganar el sí a la independencia”, se añade.
“NOS CONVIERTE EN SÚBDITOS”
La organización soberanista hace esta petición después de explicar en su nota interna que tuvo conocimiento, “gracias a una empresa colaboradora”, de que “España ha dado órdenes” de embargarles 246.000 euros. En este sentido, Ómniun Cultural tendrá que pagar otros 200.000 euros por la misma encuesta en la que se preguntaba a los catalanes por su ideología.
Sin embargo, la ANC ve intencionada esta sanción. “No creemos en las casualidades. Este embargo llega después de la movilización extraordinaria del 6-F (con motivo del comienzo del juicio del 9-N) y de su repercusión internacional, que ha hecho aumentar la presión sobre España”, se añade en la comunicación interna.
La entidad que preside Jordi Sánchez también alude a que el embargo se produce sin que haya una “resolución firme” de la Agencia de Protección de Datos y sin que se les hayan informado de la multa.
La comunicación continua que “la falta de respeto de la Administración española hacia sus administrados no tiene límites y nos convierte a todos en súbditos”. Además, la Asamblea se pregunta “por qué esta prisa cuando quien cobra es el Estado y quien paga una organización independentista y tanta dejadez y falta de medios cuando es un particular quien reclama a la Justicia”.