La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió a la Corte (CorteIDH) el caso de tres ex funcionarias venezolanas del Consejo de Fronteras, que alegan haber sufrido despido arbitrario en 2004 por apoyar un referendo contra el entonces presidente Hugo Chávez.
De acuerdo con la CIDH, Rocío San Miguel Sosa, Magally Chang Girón y Thais Coromoto Peña perdieron sus cargos en represalia por negarse a retirar sus firmas de un pedido de convocatoria de un referendo revocatorio del mandato de Chávez, quien falleció en 2013.
En una nota oficial, la CIDH, con sede en Washington, informó que decidió enviar el caso a la Corte Interamericana, en San José, por considerar que "el Estado de Venezuela no cumplió con las recomendaciones" formuladas, como reintegrar a las despedidas y pagar indemnizaciones.
Para la CIDH, los despidos de San Miguel, Chang Girón y Peña constituyeron "un acto de desviación de poder" y "una violación a los derechos políticos, una discriminación por opinión política y una restricción indirecta a la libertad de expresión".
Ese referendo se realizó en agosto de 2004 y negó la revocatoria del mandato de Chávez. La oposición venezolana denunció fraude, pero observadores internacionales -como el centro del expresidente estadounidense Jimmy Carter- descartaron esa versión.
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