MADRID. CIUDADANOS PROPONE REFORMAR LA LEY DE CREACIÓN DE LA AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha registrado una proposición de Ley de reformas de la Ley de creación de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos, en la que propone “añadir como principios rectores de la citada agencia, los de transparencia, coordinación, neutralidad patrimonial e información y participación”.
En la iniciativa, a la que tuvo acceso Servimedia, se señala que “se hace necesario comenzar actualizando” la ley aprobada en 1995, “tomando como eje central el artículo 3 de la Convención internacional de derechos de las personas con discapacidad, que señala que el respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas”’”.
En materia de transparencia, según la citada iniciativa, “se pretende dar un paso más allá de las obligaciones que establece el Código Civil e instaura la obligación de auditar externamente las cuentas anuales y cuentas generales que se presenten al juzgado”.
“Se trata de una medida que ya realizan algunas entidades privadas, pretende ser un antes y un después en la gestión de la agencia, a la vez que una garantía adicional para la correcta gestión del patrimonio de las personas tuteladas”, añaden los autores del citado texto.
Asimismo, exponen que “en consonancia con la citada convención, se refuerza la importancia de contar con memorias anuales de la agencia suficientemente exhaustivas que informen adecuadamente de su actividad y con la existencia de un código de buenas prácticas para su uso interno y externo”.
En la propuesta de Ciudadanos se indica que, “en línea con el trato personalizado que promueve la citada convención en todos sus artículos, se consagra la obligación de realizar un plan individualizado de atención para cada persona tutelada, así como el establecimiento de mecanismos que garanticen la prestación de atención permanente de la agencia ante situaciones de emergencia”.
La iniciativa explica que la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos "se creó con vocación de complementariedad y de garantía. De complementariedad respecto de las actuaciones que corresponden en primer lugar a otras personas físicas del entorno familiar y otras instituciones sin ánimo de lucro, y siempre en los términos que determine la autoridad judicial; y de garantía última del sistema de tutela a la que pueda acudirse para rellenar un vacío derivado de la inexistencia o inhibición de aquellas personas que, conforme al Código Civil, estarían obligados a actuar en consecuencia”.
Se señala, además, que en la actualidad, en la Comunidad de Madrid “convive la AMTA, ente de derecho público con personalidad jurídica propia, con entidades tutelares privadas, siendo la primera ampliamente mayoritaria por el número de personas tuteladas” y se destaca que “en los últimos años hemos asistido a un crecimiento espectacular de las incapacitaciones, por un lado, y del nombramiento de la AMTA como tutor por los juzgados, por otro”.
Así, según consta en el citado documento, el número de personas tuteladas por la Agencia se ha doblado desde 2008, pasando de 2.295 a los 4.451 actuales.
Ciudadanos considera que “en los últimos años se ha producido un acontecimiento de carácter excepcional en el ámbito de la discapacidad, y nos referimos a la aprobación de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas en 2006, que fue ratificada por España el 3 de mayo de 2008, y que desde esa fecha forma parte del ordenamiento jurídico español y es invocable ante las autoridades políticas, judiciales y administrativas”.
Se destaca que la convención establece que es “deber de los Estados parte proporcionar los medios e instrumentos adecuados y necesarios para las personas con discapacidad y para que gocen del apoyo, asistencia y protección requeridos” y se señala que “ese deber incumbe también a las comunidades autónomas, en concreto, a la Comunidad de Madrid, que ha de garantizar que la Agencia Madrileña para Tutela de Adultos disponga de los recursos precisos para el eficaz desarrollo de la función tan esencial que tiene encomendada”.
Finalmente, expone que “en el caso de la Comunidad de Madrid se hace necesario comenzar actualizando la actual ley de creación de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos a la luz, tomando como eje central el artículo 3 de la Convención internacional de derechos de las personas con discapacidad, que señala que ‘el respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas’”.