La iniciativa, que se ha publicado este jueves en el Boletín Oficial del Parlament, también busca que se constate "el evidente carácter antidemocrático de las instituciones judiciales españolas y la evidente vulneración de los derechos fundamentales de los políticos catalanes".
En la exposición de motivos de la resolución, la CUP alega que el fiscal ha dado instrucciones de perseguir a los electos locales que den apoyo a la resolución independentista que el Parlament aprobó en noviembre de 2015 y que fue anulada por el Tribunal Constitucional.
Los anticapitalistas recuerdan que ya hay concejales catalanes encausados por haber apoyado la resolución, como el edil de Vic (Barcelona) Joan Coma, investigado por un presunto delito de provocación a la sedición.
La iniciativa de la CUP pide que esta persecución se eleve "a los organismos internacionales correspondientes en materia de derechos humanos".
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