Cámara de Representantes de EEUU apoya demanda contra medidas migratorias de Obama

La Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por la oposición republicana, decidió este jueves apoyar ante la Corte Suprema la demanda de varios estados contra las medidas sobre alivio migratorio decretadas por el presidente Barack Obama.

Con 234 votos a favor y 186 en contra, los legisladores republicanos autorizaron al presidente de ese cuerpo, Paul Ryan, a presentar un escrito ante el máximo tribunal del país declarando que la medida de Obama "no es consistente" con la Constitución estadounidense.

La resolución, sin precedentes, coloca a la cámara baja del Congreso, como un todo, del lado de Texas y otros 25 estados que hace un año lograron exitosamente bloquear ante la justicia las medidas ejecutivas firmadas por el presidente en 2014.

"Es un paso muy extraordinario. De hecho nunca se había hecho antes", dijo recientemente Ryan, acusando a Obama de ordenar una "amnistía ejecutiva" que socava los poderes del Congreso para legislar.

Pero podría politizar aún más la decisión de la Corte Suprema, que debe pronunciarse en los próximos meses sobre los decretos, con la inmigración ya convertida en un tema explosivo en la campaña a las elecciones presidenciales de noviembre.

En el tapete estará el futuro de entre cuatro y cinco millones de inmigrantes en situación irregular.

Para Lynn Tramonte, directora adjunta de la asociación proinmigrantes America's Voice, Ryan dio a los republicanos "otra oportunidad para pulir sus credenciales antiinmigrantes y mostrar que son realmente el partido de (Donald) Trump", el millonario que lidera las primarias republicanas con su propuesta de deportar a los 11 millones de indocumentados.

Específicamente, los decretos presidenciales permitirían a extranjeros cuyos hijos nacieron en Estados Unidos o que ya regularizaron su situación mediante un procedimiento abierto en 2008 tramitar su permanencia en el país y obtener un permiso temporario de trabajo.

En la práctica, la implementación de los decretos literalmente "blinda" a varios millones de personas del riesgo de la deportación y satisface una de las más apremiantes demandas de las entidades de defensa de los inmigrantes.