Catalunya ha registrado más de 25 consultas populares desde la aprobación de la ley en 2014

Catalunya ha celebrado un mínimo de 25 consultas populares no refrendarias desde que se impulsó la ley que las regulaba en septiembre de 2014 --la del 9N y otras locales--, según consta en el registro de la Conselleria de Gobernación de la Generalitat.

Fuentes del departamento que lidera Meritxell Borràs han explicado a Europa Press que esta es la cifra de la que se tiene constancia pero el número es previsiblemente superior porque sólo se registran aquellas consultas populares en las que se ha solicitado apoyo de la Generalitat para su organización.

La primera consulta popular que se convocó tras la aprobación de la ley fue la soberanista del 9 de noviembre de 2014, anulada por el Tribunal Constitucional (TC) y que viró hacia un proceso participativo por el que recientemente han sido inhabilitados el entonces presidente, Artur Mas, y los exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau.

A esta polémica consulta le han seguido un mínimo de 25 hasta la actualidad, la mayoría de ellas de carácter municipal y comarcal, como las que se celebraron en 2015 sobre la creación de las comarcas del Moianès y el Lluçanès (Barcelona).

Destacan también la que impulso el Ayuntamiento de Tortosa (Tarragona) para decidir el futuro del monumento a la Batalla del Ebro y la del Ayuntamiento de Xerta (Tarragona) en relación al restablecimiento del toque nocturno de las campanas del reloj público.

Además, en base a la ley catalana, el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado recientemente que quiere celebrar todos los meses de mayo a partir de 2018 una multiconsulta ciudadana sobre iniciativas sociales o municipales.

CONTROL EN EL PARLAMENT

Los preparativos y resultados de todas las iniciativas de esta índole pasan por la Comisión de control de las consultas populares no refrendarias del Parlament, alumbrada junto a la ley en septiembre de 2014.

Este órgano se encarga de velar que las consultas populares no refrendarias se ajustan a los principios, reglas y requisitos que establece la ley --que fue recurrida en parte por el Estado por el 9N--, así como de garantizar que respetan los procedimientos establecidos.

Está compuesta por siete juristas y politólogos de prestigio reconocido designados por el Parlament mediante un acuerdo adoptado por mayoría de tres quintas partes de los diputados dentro de los tres primeros meses de cada legislatura.

La designación de esta legislatura se produjo en el pleno del 28 de julio de 2016 y se acordó elegir a Judith Gifreu y Marc Marsal --propuestos por JxSí--, Josu de Miguel --por Cs--, Agnès Pardell --por el PSC--, Mercè Claramunt --por SíQueEsPot--, Beatriz Díaz --por el PP-- y Esther Sancho --por la CUP--.

Ahora se ha generado una vacante ya que Pardell ha renunciado recientemente a formar parte de la comisión, de la que era miembro desde julio de 2016.

El motivo principal que le ha llevado a dejar el puesto es que se ha jubilado y la comisión se reúne con una notable frecuencia, según han explicado a Europa Press fuentes socialistas.

La vacante deberá abordarse en un pleno y será la Junta de Portavoces quien decidirá en qué sesión lo programa para que sea el conjunto del hemiciclo quien vote la substitución de Pardell.

PSC, PP y CS, INICIALMENTE RETICENTES

Cuando el pleno eligió a los siete miembros de la comisión por primera vez, en octubre de 2014, el PSC, Cs y el PP no participaron en la votación porque el Tribunal Constitucional había suspendido cautelarme la ley de consultas tras el recurso del Estado y estos grupos alertaban de que dar pasos en dirección a su despliegue normativo vulneraba la resolución del tribunal.

Aun así, los expertos fueron nombrados con la mayoría de votos que entonces sumaban CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP, siendo uno de los componentes de la comisión de control el ahora diputado 'cupaire' Benet Salellas.