Según ha informado la Benemérita en un comunicado a los medios, sus investigadores tuvieron conocimiento de que J.M.B.F. estaba desarrollando actividades como monitor de distintas actividades deportivas, en algunos casos con menores, cuando no podría acreditar la certificación negativa del registro central de delincuentes sexuales que se precisa aportar desde 2015.
El Instituto Armado requirió al ente federativo y a los clubes deportivos en los que ejercía o había desempeñado dicha función "la documentación presentada por dicha persona".
La Guardia Civil recibió un certificado del Registro Central de Penados en el que se refería que no costaban antecedentes penales en el historial del investigado, pero amplió sus pesquisas a la vista de que en ese tipo de documento "no tienen por qué figurar antecedentes de índole sexual".
Entonces se exigió a los clubes el certificado del Registro Central de Delincuentes Sexuales. Uno de ellos envió un documento con reseña negativa pero en el mismo se advirtieron "ciertas irregularidades" que llevaron a los agentes a obtener directamente el documento oficial, que sí recogía "una sentencia firme del año 2011 por un delito de corrupción de menores".
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