El fallo, dictado en firme tras la conformidad mostrada por las partes ante el juicio oral, señala que el empresario "elaboró y entregó" a varias personas extranjeras estos documentos "con conocimiento de que no se ajustaban la verdad", de forma que estas los emplearon para tratar de regularizar su situación administrativa en España.
En concreto, según la sentencia consultada por Europa Press, los ciudadanos extranjeros presentaron los documentos en la sede de la Subdelegación de Gobierno junto con unos contratos de trabajo que en los que el acusado figuraba como empleador, con lo que todo los documentos quedaron incorporados al expediente administrativo de terceros.
El acusado manipuló un certificado de la Agencia Tributaria para hacer constar que estaba al corriente de sus obligaciones, si bien el mismo se correspondía con otra empresa. Igualmente, según se dio por probado, presentó varios documentos bancarios para certificar la solvencia de la empresa con importes ficticios y "saldos que no se correspondían con la realidad".
La documentación alterada fue utilizada por varios empleados de la explotación para regularizar su situación, aunque no ha quedado constancia de que tuvieran conocimiento de la "mendacidad" de los papeles. El juez, quien suspende la pena privativa de libertad al acusado por un periodo de dos años con la condición de que no vuelva a delinquir durante ese periodo, le impone una multa de 810 euros a pagar durante nueve meses a razón de tres euros diarios.
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