Los 11 jueces del tribunal han decidido por unanimidad la condena y han acusado a Zuma de fallar a la hora de "cumplir, defender y respetar" la Constitución al ignorar el veredicto que hizo el Defensor del Pueblo sobre la reforma de su residencia privada en Nkandla, en KwaZulu-Natal.
La decisión del tribunal es "una gran lección" para la democracia del país, ha asegurado este jueves el presidente del Tribunal Constitucional, Mogoeng Mogoeng. "Es una lucha bíblica de David contra el Goliath de la corrupción", ha añadido.
Por su parte, el presidente Zuma ha aceptado la decisión. "El presidente considerará la sentencia y sus implicaciones en el Estado y el Gobierno y consultará con otras instituciones estatales para determinar la acción apropiada", ha informado el Ejecutivo en un comunicado.
El Congreso Nacional Africano también acepta la sentencia. Sin embargo, el líder del partido opositor Alianza Democrática, Mmusi Maimane, ha defendido que el presidente debe dejar el cargo y someterse a la moción del Parlamento. "Zuma tiene que ser destituido y esta acción tiene que reanudarse de forma inmediata", ha señalado.
Debido a su mayoría en el Parlamento, es muy difícil que Zuma sea sometido a un juicio político, pero si puede un suponer un desafío para su partido, ha explicado Gary van Staden, un analista político de la compañía NKC African Economics .
"Esta decisión va a tener un gran impacto en nuestro ambiente político", ha asegurado. "En la mayoría de los demás países del mundo, esto sería el fin de Zuma, pero aquí tendremos que esperar y ver como lo lleva a cabo el Congreso Nacional Africano", ha añadido.
REFORMAS CONTROVERTIDAS
La Defensora Pública sudafricana --figura equivalente al Defensor del Pueblo--, Thuli Madonsela, acusó en 2015 a Zuma de tener una conducta "inconsistente con su cargo" al utilizar "indebidamente" 23 millones de dólares (más de 16,4 millones de euros) en unas controvertidas reformas realizadas en las instalaciones de su residencia privada.
La investigación en torno a las reformas del hogar del presidente, comenzó hace tres años. Cuando se hizo pública la noticia de las reformas en la vivienda del presidente a finales de 2009, el coste de las mismas se estimaba en 65 millones de rand (más de 4,34 millones de euros). A pesar de un intenso escrutinio público, la factura se disparó hasta alcanzar los 246 millones de rand (más de 16,4 millones de euros).
En 2014, el comité anticorrupción identificó la construcción de la piscina, el establo, el corral, el anfiteatro y el centro de visitas como obras no relacionadas con la seguridad y por las que Zuma debía pagar.
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